Tras las palabras del alcalde de Astorga Juan José Alonso Perandones sobre la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo en relación a una demanda presentada por el PP contra el regidor por “negar información municipal”, el grupo popular ha contestado y asegura que este jueves han registrado otra petición para que el alcalde, en cinco días como marca la normativa legal, ponga a su disposición “lo que le llevamos solicitando toda la legislatura, para que se sepa que agente es el que ha cobrado más de 9000 euros en horas extras”
“Los servicios jurídicos del Partido Popular presentaron una demanda en el Juzgado Contencioso-Administrativo número dos de León, la cual fue admitida a trámite por entender que reunía todos los requisitos legales para ser estudiada por la magistrada Maria Teresa Cuena, nunca hemos presentado una denuncia como dice este señor, que o no se entera o intenta confundir, como suele ser habitual en él”, explican.
“El motivo de la presentación de la demanda es que no se nos ha informado por su parte de quién es el agente de la policía local al ha pagado más de 9000 euros en horas extras. Este señor llora públicamente e intenta dar lástima porque ejercemos nuestros derechos legales como es presentar una demanda en el juzgado si entendemos que se vulneran derechos fundamentales como en la demanda viene reflejado”, continúan los populares.
“Siempre respetamos y acatamos las sentencias judiciales. Como refleja la magistrada en su sentencia hay un error en el último escrito presentado por nosotros en octubre del año 2022, donde no figura la petición cursada que exactamente decía ‘importe exacto recibido por cada agente (especificando el nombre y apellidos del agente) por el concepto de horas extraordinarias del 1 de enero al 31 de diciembre de los años 2019, 2020, 2021 y 2022’. Es por ello, que la señora magistrada dice en su fallo que ‘debe desestimar y desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por nuestros servicios jurídicos’, ahora bien, también matiza que ‘no se efectúa pronunciamiento en cuanto a las costas procesales causadas, al apreciarse, dudas, de hecho, y de derecho en las cuestiones planteadas, tanto en relación con el fondo, como en las causas de inadmisión, alegadas por la representación del alcalde’. Por lo que las costas se reparten entre ambas partes”, señalan.
“Esperemos que estas costas las pague el alcalde a su representante jurídico de su bolsillo y no coja dinero de todos los astorganos para pagarlas como ya hemos visto que ha hecho en otros juicios donde no ha dado explicación alguna a la ciudadanía”, concluyen.
