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La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) estudia emprender cuantas acciones legales estén a su alcance tras la decisión hecha pública esta mañana por parte de AB Azucarera, filial de British Sugar, de rebajar el precio de la remolacha en seis euros por tonelada, y por lo tanto romper “unilateralmente” el marco legal que regula el sector remolachero.
A su juicio, con esta decisión “se dinamita una relación fructífera de acuerdos profesionales” a lo largo de 30 años mediante el Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) entre industrias y productores y “pone en peligro el presente y futuro de las fábricas remolacheras asentadas en España, de los propios productores y de numerosos puestos de trabajo directos e indirectos”.
El recorte “brutal” del que informa AB Azucarera supone un 25 por ciento del pago que realizaba hasta la fecha esta empresa, lo que es “inasumible actualmente por los agricultores, dado el escaso margen de beneficio en el que ya estaban produciendo los remolacheros españoles”.
UPA se posicionó en contra de la propuesta de la empresa de “intentar compensar esta rebaja con la cotización del precio del azúcar en los mercados”, puesto que no asegura la percepción de un precio digno y rentable. Igualmente, recordó que la empresa es propietaria de las fábricas de Toro, La Bañeza y Miranda de Ebro y lamentó que lejos de “mantener, fortalecer y mejorar la funcionalidad y productividad de estas tres plantas industriales”, tal y como la organización ha solicitado en varias ocasiones, “se dinamita definitivamente el futuro de un sector productor como el español, que ha sido puntero desde el punto de vista de productividad y profesionalidad en el conjunto de la Unión Europea”.
Por su parte, ASAJA aseguró no compartir los motivos y la decisión de esta rebaja de precios y la considera una “imposición” por parte de la compañía azucarera. En este sentido, recordó que el acuerdo es a cinco años y que en este periodo la compañía “ha tenido ejercicios con beneficios muy generosos, como fue el penúltimo, en el que ganó 28,9 millones de euros”.
Además, dijo, la reducción del precio de las materias primas no es la única fórmula para equilibrar el balance de una compañía como es Azucarera. “Las empresas serias que invierten en la agroalimentación no lo hacen pensando en recoger grandes beneficios en cortos plazos de tiempo, y lo razonable sería esperar un tiempo para ver la evolución de los mercados internacionales, muy volátiles”, criticó. Por ello, reclamó que “demuestre la misma responsabilidad que han mostrado los propios cultivadores, que han cumplido con sus compromisos de siembra aun cuando las condiciones climáticas sido muy difíciles en estos últimos años”.
La organización en Castilla y León lamentó que Azucarera haya dado de nuevo un “paso desacertado” que tendrá consecuencias directas en la reducción de la superficie de siembra de remolacha, “además de menoscabar la renta de los productores que continúen con el cultivo, y que supondrá la pérdida de puestos de trabajo directos e indirectos relacionados con el sector remolachero y azucarero”. “Azucarera no ha estado a la altura de un sector que ha hecho un gran esfuerzo de modernización y competitividad, ni de las administraciones públicas que en este caso han apoyado al sector destinando para ello importantes fondos públicos”, concluyó.
