La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) denunció este lunes que sólo aquellos remolacheros que acudieron a la vía judicial han cobrado los tres euros por tonelada de ayudas de la Junta de 2011/2012, que suprimió la Consejería de Agricultura cuando la campaña ya había finalizado, pese sentencias judiciales posteriores que “obligan” a continuar con la tramitación de los expedientes no resueltos. Así, la organización informó de que se ve obligada a interponer 139 demandas ante el TSJ para reclamar la resolución de los expedientes.
UCCL advirtió de que continuará en los próximos días interponiendo nuevos recursos de los remolacheros que, después de seis años, todavía no han obtenido la repuesta favorable de la Administración regional.
La opa recuerda que la ayuda a los productores de remolacha azucarera, acogida a los planes de competitividad, prevista para cuatro años, fue suprimida por la Consejería de Agricultura el segundo año (campaña 2011/2012) una vez que ya se había sembrado y entregado la remolacha al precio pactado.
Esta supresión originó una “gran indefensión” a los cultivadores, quienes vieron cómo a mitad de partido se modificaban las reglas de juego. Por ello, acudieron a los tribunales y ya existen varias sentencias que anulan la Orden que suprimía la ayuda, y la Consejería ha hecho efectivo el pago a los remolacheros que acudieron a los juzgados.
UCCL recuerda que expresamente una de las sentencias especifica “debemos anular y anulamos la misma, por ser disconforme con el ordenamiento jurídico, reconociendo a la vez su derecho a que prosiga el procedimiento iniciado hasta dictarse las resoluciones que fueran procedentes en Derecho”.
Tras estas sentencias, UCCL intentó que se continuará la tramitación de los expedientes de ayuda, mediante solicitudes individuales de cada remolachero (más de 600) y ante el silencio de la Administración, mediante la interposición de recursos. Sin embargo, critica que la consejería ha hecho “oídos sordos” y les obliga a “colapsar” el TSJ de Castilla y León, presentando todas las reclamaciones. “Se está vulnerando un derecho constitucional de
