Una de las funciones más importantes del lenguaje es la capacidad de transmitir información.  Algo de Perogrullo, ¿verdad? Pues no. En absoluto. Y vayámonos acostumbrándonos, porque este artículo rebosará de negaciones rotundas. Pero antes avancemos. Para poder cumplir con su función de transmisión de la información, el lenguaje debe articularse mediante herramientas comunes y conocidas entre las partes, para que posibiliten, de forma inequívoca, que lo que se comunica es lo mismo para el que emite y para el que recibe. La ciencia avanza en la medida en que los fenómenos y sus componentes son perfectamente definidos y, además, pueden ser perfectamente medidos. Ya lo decía Peter Druker: “aquello que no se puede medir, no existe”. Y para medir algo, primero hay que definirlo con rigor.

El problema está cuando algo queda sujeto a la interpretación de las partes. Y he de decir, aún a riesgo de una crítica atroz, que, en estas últimas décadas de bendita e irrenunciable libertad política y de expresión en periódicos, libros, revistas, conferencias y aulas, ha traído, por acción u omisión, la relativización de determinados conceptos que imposibilitan garantizar que quien habla de ellos esté refiriéndose a lo mismo que quien le escucha. Por lo tanto, y para poder defender el título del presente artículo, hay varias cosas que antes deben quedar claras. La primera es que a efectos jurídicos contemporáneos no es lo mismo hablar de nación, que de país o de estado, ni de soberanía que de ciudadanía. La segunda, que estos conceptos, en función de si hablamos de ciencia política, o más concretamente de algunas ideologías, de antropología o de historia, pueden diferir sustancialmente, no solo en base a la disciplina tratada, sino a la época histórica a la que se refieren.  Me voy a centrar en la parte jurídica actual, por ser evidente que lo que tiene un valor real a efectos prácticos en política es lo que a derecho se refiere. El resto no es que no tenga validez intelectual, pero carece de fuerza legal para ejercitar derechos y deberes, que a fin de cuentas es lo que verdaderamente importa a la hora de hacer reales determinadas aspiraciones.

Así pues, cuando se habla de NACIÓN, tal como se entiende en derecho constitucional e internacional, nos estamos refiriendo a un conjunto de personas que ostentan unos derechos y deberes políticos sobre sí y el territorio que ocupan. A este espacio físico, claramente delimitado por fronteras reconocidas se le llama PAÍS. Y, además, para hacerlo debe efectuarse sin injerencia no consentida de poderes extranjeros. A esto se le llama SOBERANÍA. Para ejercitar dicha soberanía, este colectivo humano que en conjunto llamamos nación, e integrado a nivel individual por CIUDADANOS si dicho régimen se encuentra sujeto a derecho legitimado por usos democráticos, se dota de una persona jurídica internacionalmente reconocida para la gestión de todos sus asuntos internos y externos a la que llamamos, en el uso europeo del concepto, ESTADO.

Según estas definiciones, Cataluña no puede ser considerada nación de ninguna forma. En primer lugar, porque Cataluña hace referencia a un espacio físico, una delimitación territorial, y, por lo tanto, en todo caso, Cataluña sería un país si los ciudadanos de ese espacio físico tuviesen una persona jurídica, el estado catalán, que fuese el instrumento soberano por el cual se gobernasen a ellos y al territorio que ocupan sin injerencia exterior. Pero nada de todo eso existe. Los ciudadanos de Cataluña comparten, junto con el conjunto de ciudadanos del resto de España, la propiedad mancomunada de la soberanía y están sujetos a los tres poderes de dicho Estado.

A partir de aquí, lo que queramos. Seguramente sea posible una solución política que por la fuerza o el acuerdo permita ganar la soberanía a los catalanes, conservarla el conjunto de los españoles o compartirla. En todo caso, desde 2.012, la posibilidad de mantener el statu quo existente a nivel institucional regulado por la Constitución de 1978 se ha esfumado. Hay un claro conflicto entre dos partes perfectamente delimitadas, y por lo que parece, irreconciliables a corto plazo. La mitad de los ciudadanos españoles que viven en Cataluña optan por una vía política que pasa pura y simplemente por la secesión. Espiritualmente, si me permiten la expresión, hay varios cientos de miles de españoles que ya no lo quieren ser. La otra mitad, avasallada durante más de treinta años por los poderes nacionalistas autonómicos, pide desesperadamente ayuda al Estado para no tener que lanzarse al vacío independentista, que carece de un proyecto único y viable de nuevo país a excepción de su acuerdo en romper siglos de convivencia. Y la sensación que tienen es que en Cataluña, España ni está ni se la espera.

El discurso secesionista es una maníquea deformación de la realidad, que mezcla componentes claramente xenófobos y racistas con otros de índole más o menos racional amparados en datos económicos. Exactamente lo mismo que otras formaciones políticas de extremos del resto de España. Cualquiera que esté al tanto del “España nos roba” o “Los españoles primero” sabe a lo que me refiero. El componente de diferenciación y superioridad en Cataluña estuvo contenido hasta que estalló la Gran Recesión. A partir de ahí, las dificultades ayudaron a las élites políticas catalanas a derivar la carga de la culpa no en la gestión mejor o peor que pudiera haber hecho la Generalitat en ese periodo, sino al señalamiento del enemigo exterior, la “España castellana”, atrasada, taurina, que a sus ojos aún no se ha desprendido del todo del barniz franquista y que claramente está viviendo a cuerpo de rey con el dinero que se va de Cataluña para subsidiarles, mientras que los pobres y sufridos catalanes tienen que pagar peajes en las autopistas. El terreno abonado de décadas de lavado de cerebro nacionalista mediante los medios afines al gobierno catalán ayudó a una germinación rápida del fenómeno.

¿Qué hacer a partir de ahora? Difícil pregunta. Mi opinión personal es que el Régimen del 78 está herido de muerte. Quizá no lo parezca fuera de Cataluña, pero es como aquel chiste en el cual se le preguntaba a una persona que se había tirado por la ventana desde un piso 40 qué tal le iba y que contestaba por ahora bien precipitándose a toda velocidad a la altura del piso 15. Estoy de acuerdo en el que la ley debe cumplirse, y que mientras la ley que exista sea la que está en vigor, solo el conjunto de los españoles, y no una parte de ellos, pueden decidir lo que quieren que sea su país. Pero no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que cientos de miles de nosotros no quieren seguir formando parte de este proyecto común llamado España. Esa misma palabra, no tiene para estas personas connotación positiva alguna. Más bien al contrario, si España fuera una empresa, el responsable del “Customer Experience” diría que hemos perdido sin remisión a esa parte de la clientela. Para ellos, y no solo en Cataluña, decirla equivale a hablar de guerra, dictadura, represión, exilio, inquisición y genocidio. Con los siglos de oro y la innumerable aportación que la civilización hispánica ha realizado a la humanidad a lo largo de su historia, que una parte de la nación española no valore estos pros solo se puede considerar como un fracaso colectivo estrepitoso.

Entre las pocas cosas positivas que España aportaba a esta parte de la ciudadanía se encontraba la democracia. Quizá los independentistas no entiendan o no compartan que democracia sin estado de derecho no es tal, pero desde luego ha sido un jarro de agua fría de peor comprensión la actuación policial reprimiendo el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2.018. Después de las imágenes dando la vuelta al mundo de la policía aporreando una multitud que se manifestaba a favor de poder votar, esa ventaja se ha esfumado y con ella buena parte del crédito internacional de la democracia española. Y este no es un detalle menor. Porque el hecho probado de que Rusia esté interviniendo en el ciberespacio a favor de grupos cuyo objetivo es liquidar la soberanía e integridad de la nación, con el fin de desestabilizar a la Unión Europea, es un ataque directo contra España y por ende contra un estado miembro de la OTAN. Si nuestro país no tiene el peso o la fuerza necesarias para hacer ejercer los compromisos de la
Alianza, una imagen de estado represor de las libertades más básicas puede ser usado como excusa para que nuestros socios no cumplan con lo pactado y nos encontremos solos ante la defensa de nuestra integridad. ¿Piensa el lector que exagero? Solo tiene que repasar los últimos meses y ver que en Waterloo, en el corazón de la Bélgica capital de la UE se encuentra acogido de forma oficiosa un fugado de la justicia española que encabezó el movimiento secesionista ilegal y al que varios países europeos se negaron a extraditar a nuestro país. Y no es el único. Conviene no olvidarlo ante la próxima cita electoral.

No se sabe qué tipo de gobierno saldrá de las próximas elecciones generales, pero sea el que sea, tarde o temprano, tendrá que asumir que la única forma real de saber qué es lo ocurre en Cataluña, y de que manera se debe solucionar, es mediante la votación. No solo en Cataluña. En toda España. Porque esa consulta al cuerpo soberano se basa precisamente en su misma razón de ser y en lo que en el futuro quiera ser o dejar de ser. No nos engañemos. La solución para evitar un conflicto interno, y que dicha solución sea internacionalmente aceptada, pasa por un referéndum que abra un proceso constituyente.  El resultado de dicho referéndum a nivel nacional contendría cuatro escenarios:

1.       –   Mayoría secesionista en Cataluña y contraria al cambio institucional en el resto de España.

2.       – Mayoría secesionista en Cataluña y a favor de un cambio institucional en el resto de España.

3.       – Minoría secesionista en Cataluña y contraria al cambio institucional en el resto de España.

4.       – Minoría secesionista en Cataluña y a favor del cambio institucional en el resto de España.

Entendiendo cambio institucional como un proceso de cambio en la concepción del cuerpo soberano, es decir, si la misma reside en el conjunto de la nación o no, vemos que hay un 25% de posibilidades de mantener el actual régimen constitucional. El 75% de las posibilidades trae consigo un proceso constituyente que cambie la titularidad de la soberanía. Y lo más preocupante, un 25% de posibilidades de conflicto si la situación es la reflejada en la opción 1. Según esta hipótesis, es muy poco probable que todo vuelva a ser como era. Los tiempos están cambiando. Todo ha cambiado ya.

Pero no se preocupe el lector. Como siempre, la realidad nada tendrá que ver con los vaticinios sobre el papel. En todo caso, de estar en lo cierto lo planteado en este artículo, es muy posible que los españoles estemos escribiendo las últimas palabras de un capítulo de nuestra Historia. Esperemos que no sea el último.