Num: 3114 | Miércoles 28 de septiembre de 2022
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PP y Vox cierran las funciones del vicepresidente de la Junta y la fecha para tramitar la futura ley de violencia intrafamiliar

El acuerdo de los socios desbloquea la investidura de Alfonso Fernández Mañueco

ICAL

PP y Vox han cerrado el desarrollo del acuerdo que firmaron el pasado 10 de marzo con las funciones que asumirá el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, sin cartera, y con el compromiso de iniciar antes del 31 de julio la tramitación de la futura ley de violencia intrafamiliar, que convivirá con la actual Ley contra la Violencia de Género, lo que ha permitido desbloquear la investidura de Alfonso Fernández Mañueco.

Ambos socios explican, en un comunicado de prensa, las funciones de la Vicepresidencia de la Junta, que recae en Juan García-Gallardo (Vox), quien además de la representación institucional en sustitución del presidente que le corresponde por ley, presidirá la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (ahora en manos de Carlos Fernández Carriedo) y la la Comisión de Simplificación Administrativa. También, la Vicepresidencia participará en el seguimiento y evaluación de la planificación de las campañas de publicidad institucional y en la Comisión de Secretarios Generales.

Según el decreto de 2019 por el que se crea y regula, esta Comisión Delegada para Asuntos Económicos puede adoptar los acuerdos necesarios para coordinar las actuaciones dirigidas a promover el desarrollo económico y social de la Comunidad de Castilla y León, así como las actuaciones tendentes al crecimiento económico sostenible, con especial atención al medio rural y las actuaciones tendentes a la creación de empleo sostenible y de calidad, con especial atención a las personas más vulnerables de la sociedad.

Otras de las funciones de la Vicepresidencia, como detallan, será la representación suplente en el Comité de las Regiones; el Comisionado de las Víctimas del Terrorismo; la representación institucional de las relaciones de los órganos de la administración de la comunidad con el Consejo Consultivo de Castilla y León y el Procurador del Común, así como con las fundaciones, asociaciones y colegios profesionales.

El acuerdo, que recalca el compromiso de impulsar un “Ejecutivo estable, sólido y fuerte pensando en los intereses de Castilla y León y de España”, precisa que antes del 31 de julio se iniciará la tramitación de la futura ley en materia de violencia intrafamiliar, si bien fuentes del PP subrayan que se mantiene la actual norma contra la violencia de género, que data de 2010, tal y como señaló Fernández Mañueco en la sede del PP un día después de firmar el acuerdo con Vox que desbloqueó la Presidencia de las Cortes. Además, antes del 30 de junio se iniciará otro de los compromisos de Vox, como es la tramitación de una futura ley de concordia, recogido en el punto tercero del mismo acuerdo de legislatura.

Igualmente, ambos partidos han estructurado la creación de comisiones de seguimiento del programa de gobierno suscrito el pasado 10 de marzo, que consta de 11 ejes y 32 acciones. El Partido Popular ostenta la Presidencia de la Junta, siete consejerías y la portavocía. Vox se hace cargo de la Vicepresidencia y de tres consejerías (Agricultura, Industria y Empleo y Cultura), cuyos titulares ya dio a conocer.

En concreto, PP y Vox acordaron, como ejes de su futuro gobierno, vigilar y defender la igualdad social, laboral, de oportunidades entre mujeres y hombres; promover la solidaridad entre todas las comunidades y ciudades autónomas, a la vez que fortalecer el papel de las provincias y municipios.

También, reivindicar la historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de su utilización para dividir a los españoles; y defender los intereses de la comunidad en el marco de la Unión Europea.

Igualmente, apuestan por impulsar todas las capacidades productivas y los recursos disponibles en Castilla y León para el crecimiento económico y la creación de empleo; reforzar el compromiso con el mundo rural y con sus oportunidades de desarrollo; garantizar unos servicios públicos de calidad, compatibles con una reducción de los impuestos autonómicos.

Desarrollar mejores infraestructuras de comunicación y transportes para la conectividad del territorio; asegurar la cohesión, el equilibrio y la integridad territorial de Castilla y León; apoyar a las familias, a la natalidad y la lucha contra la despoblación, como centro de las políticas públicas; y reducir el gasto institucional superfluo, son otros de los ejes de Gobierno.

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