El proyecto de ley que recoge el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio inicia la fase de aprobación en las Cortes, con la que se cerrará el modelo de ordenación territorial de Castilla y León, que permitirá blindar los servicios que presta la Junta y las entidades locales, especialmente en el medio rural. El texto, que aprobó hoy el Consejo de Gobierno, deberá contar con dos tercios de los votos favorables de la cámara autonómica para culminar con “éxito” un proceso que arrancó en octubre de 2011.
El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, compareció, tras la reunión del Consejo de Gobierno, para informar de los detalles de esta norma que se remitirá este jueves o mañana al parlamento, donde confió que el trámite de aprobación culmine “con éxito” en el “arranque” de la primavera, que situó entre el 21 de marzo y el 20 de abril, a través de una negociación “en profundidad” y con “rigor” con el Grupo Socialista, que dirige el portavoz y secretario autonómico, Luis Tudanca, y con el voto “en bloque” y “sin fisuras” de los procuradores ‘populares”.
El texto, sobre el que también se negocia con el resto de grupos parlamentarios, aprueba los conocidos como mapas rurales, que agrupan una población de 900.000 personas, y flexibiliza la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, aprobada por acuerdo entre PP y PSOE en septiembre de 2013, y modifica la norma que recogía las Áreas Funcionales Estables, formadas por los 15 municipios de más de 20.000 habitantes y sus alfoces, a los que ahora se le unirá Benavente (Zamora) y se sumarán dos municipios a las existentes en Burgos y Aranda de Duero. También otorga un tratamiento singular a la comarca de El Bierzo (León) y un “trato igual” a las nuevas mancomunidades de interés generales y las “clásicas” que funcionaran adecuadamente.
De Santiago-Juárez insistió en que “lo menos importante” son los mapas y puso el acento en los ciudadanos, ya que aseguró que este modelo persigue garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales, dependientes de la Junta, especialmente, en el medio rural, así como facilitar “herramientas”, como son las mancomunidades, para gestionar los denominados servicios de “proximidad” que corresponden a las entidades locales. “Unidos son más fuertes y unidos lo pueden hacer mejor”, dijo el vicepresidente.
También el consejero remarcó que la norma desbloquea la puesta en marcha del Plan de Convergencia Interior, puesto que la norma establece seis meses para delimitar las áreas funcionales estratégicas, y otro medio año para aprobar el decreto que regulará el Fondo Autonómico de Compensación, cuyos objetivos son corregir los desequilibrios demográficos y económicos, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía.
Modelo territorial
El modelo territorial que propone la Junta recoge 193 unidades básicas de ordenación y servicios, de las que 16 son urbanas y 177 son rurales, que estarán formadas de media por 12,8 municipios y una población de 6.460 habitantes. Además, once serán interprovinciales -dos en Burgos, Palencia y Valladolid y una en el resto excepto en Zamora-, que dependerán de sus diputaciones provinciales. Además, estas instituciones podrán seguir prestando servicios delegados como en el caso de Soria, donde se encarga de la recogida de basuras.
También, las unidades que cuentan con dos centros de salud los mantendrán como ocurre en nueve casos, -cinco en León, dos en Burgos, una en Segovia-. También garantiza un trato similar para las mancomunidades de interés generales y las “clásicas” , siempre que sean eficientes, presenten sus cuentas y presten servicios. Lo mismo ocurrirá con las históricas de Villa y Tierra de Segovia.
Mapa completo:
