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Asaja, UCCL y La Alianza UPA-COAG exigieron este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un pronunciamiento “expreso” para que la PAC post 2020 no pierda fondos. En este sentido, todas coincidieron en que el jefe del Ejecutivo debe luchar en la Comisión Europea para que cada estado miembro aporte la parte que desaparece tras el Brexit, un punto en el que coinciden con la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos.
Tras participar este miércoles en el Consejo Regional Agrario, las organizaciones agrarias señalaron que lo importante es sostener el presupuesto que llegue a España. De no ser así, Asaja y UCCL apostaron por que sea el Gobierno el que suplemente la cantidad, algo que no ve con buenos ojos UPA-COAG, que considera que sería “renacionalizar” la PAC, según explicó a Ical el secretario genera de la organización en la Comunidad, Aurelio González. En todo caso, aclaró que si cada país, que es la “primera propuesta”, pone esta partida presupuestaria a mayores, “sería poca la cantidad de cada uno”.
Por su parte, el presidente de Asaja Ávila, Joaquín Antonio Pino, que asistió al Consejo en representación de la organización, trasladó a la consejera que “lo primero es tener presupuesto”, e incidió en ese “compromiso” del Gobierno para que llegue a las mismas cifras anteriores. “Entiendo que será, así pero es necesario que sea expreso”, reiteró. Un extremo que compartió el coordinador general de UCCL en Valladolid, Valentín García, quien recordó que al igual que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy señaló que “complementaría la partida si había reducciones de la Comisión Europea, haga lo mismo Sánchez”.
Redistribución más justa
Por otro lado, las opas pusieron sobre la mesa la petición para modificar el Reglamento de Planes Estratégicos, para lo que señalaron que aquellos fondos que se rescaten de los recortes a los grandes perceptores se destinen a los agricultores a título principal mediante una ayuda “redistributiva justa”. “No nos gustaría que ese dinero que se aporte vaya a gente que lo tiene como segunda actividad”, espetó Joaquín Antonio, quien apostó por “ahondar” en la figura de ‘agricultor genuino’, que a su juicio debe ser aquel que percibe al menos el 50 por ciento de sus rentas de la venta de mercado y que “debe coincidir con el ATP”. “Los perceptores que cobren más de 60.000 euros tendrán un recorte que queremos que vaya a agricultores profesionales. La reforma no distingue entre primera y segunda actividad o personas jubiladas”, sentenció.
Un punto en el que también mostró su conformidad Aurelio González, quien consideró que debe dirigirse a los profesionales y explotaciones “familiares agrarias, porque protagonizan la lucha contra la despoblación”. El responsable de UPA comentó que el documento suscrito en la Comunidad y que sirvió para alcanzar una posición común “refleja las principales inquietudes de Castilla y León y es compatible con otro nacional para reclamar una PAC sin recortes de fondos”. En este sentido, pidió que se reconozca la figura del ‘agricultor genuino’ como el ATP y reclamó que se retome la ayuda a las familias que pagaban la Seguridad Social agraria, que sí existía en la anterior PAC.
Por último, Asaja demandó que los pequeños agricultores, “que cobran menos de 1.250 euros”, no estén exentos de cumplir las obligaciones del resto; y añadió que el documento deja a las comunidades autónomas la decisión de a qué sectores dirigir las ayudas asociadas. En este sentido, Asaja solicitó que sea a la ganadería extensiva en la Comunidad.
Fondos de Desarrollo Rural
También analizó el Consejo Agrario la política del segundo pilar de la PAC, es decir, los fondos de Desarrollo Rural. En este punto, Antonio pidió a la consejera que exija al Ministerio de Agricultura mayor dotación de fondos para el próximo periodo presupuestario, porque entre 2007-2013 hubo un recorte en España de 2.000 millones, y que afectó a Castilla y León más que a otras, y que se consolidó en el siguiente periodo, “con gobiernos de un color y otro”. “Necesitamos más fondos para luchar contra la despoblación y el cambio climático”, dijo. Al respecto, rechazó el reparto en la cofinanciación que propone la UE, del 80 por ciento por parte de las comunidades autónomas y el 20 del Gobierno central, y reclamó volver al 50-50 anterior.
González fue más allá, tras compartir la reflexión de Asaja, y achacó el “injusto” reparto al exministro del área Miguel Arias Cañete. No obstante, acusó a Milagros Marcos de oportunismo político, pues “ahora quiere recuperar ese 50 por ciento que pagaba Castilla y León de Desarrollo Rural, pero mientras ha estado el PP se ha tragado con lo de Arias Cañete”. No obstante, se posicionó a favor de que haya más fondos y que el reparto regrese al 50 por ciento.
Incorporación de jóvenes
Más allá de la PAC, el Consejo Agrario sirvió para conocer la nueva convocatoria de incorporación de jóvenes y mejora de explotaciones. Al respecto, Valentín García reclamó la simplificación de trámites y agilidad para cobros rápidos; y consideró que es “imposible” que un una nueva instalación reciba hasta el 80 por ciento de la inversión, como anunció esta mañana Milagros Marcos, “porque puede que haya uno o dos, ya que deberían darse bastante circunstancias y muy difíciles”. A su juicio, la mayor parte de los solicitantes se quedan entre un 40 y 50 por ciento, misma estimación que realizaron La Alianza y Asaja, que acusaron a la Junta de “vende este alto porcentaje a bombo y platillo”. Joaquín Antonio, de hecho, recordó que la anterior línea tuvo “muchos problemas” en su tramitación, por cuestiones técnicas y burocráticas, y “debería darse una vuelta” porque “se están denegando expedientes por cuestiones ridículas”. “Es mejor no correr en la nueva convocatoria y hacer las cosas con garantías”.
También requirió que se analicen las peticiones de planes de mejora para activos con 40 y 50 años, que “no están funcionando”. Al respecto, comentó que “algunos hasta han renunciado porque son muchos compromisos y burocracia y poca ayuda”. “Son tantos quebraderos de cabeza que o bien no la piden o la cancelan”, advirtió.
Igualmente, Aurelio González saludó el mecanismo de ahondar en la gestión de riesgos para buscar la estabilidad del productos; mientras que Valentín García trasladó la “preocupación” por el sector del ovino, “porque aunque es cierto que hay contratos a un año, son por debajo de coste”. En este sentido, alertó de que 150 explotaciones ya han cerrado este año y de seguir los precios actuales, antes de acabar 2018 se alcanzarán las 200. “La Consejería debería mediar entre industria y distribución”, solicitó.
También se refirió a los daños causados por la fauna silvestre y pidió una nueva reunión al respecto con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para tratar el “problema”. Aunque aplaudió las medidas desarrolladas por Adif y el Ministerio de Fomento en la nueva obra, para la que se han comprometido a colocar malla gallinera en determinados puntos, denunció que “no hay solución todavía en infraestructuras ya ejecutadas. Por ello, además de urgir medidas, reclamó la extensión de la veda de caza para conejos.
