Num: 1734 | Martes 18 de diciembre de 2018
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Las infracciones penales de los menores de 13 años se disparan un 30% y uno de cada cuatro delitos ya es contra la libertad sexual

El 40% de los jóvenes expedientados fue por ir contra la integridad física de las personas, sobre todo por lesiones


R. Travesí Las infracciones penales de los menores de 13 años se dispararon el año pasado un 30,6 por ciento en la Comunidad, hasta sumar 558. Todos los tipos de delitos aumentaron pero, en especial, las lesiones a otras personas (37,1 por ciento) y contra la libertad sexual (36,8 por ciento), que ya suponen uno de cada cuatro infracciones cometidas por niños y adolescentes.

El Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, consultado por la Agencia Ical, recoge que Castilla y León acumuló un total de 50.765 infracciones penales, con una subida del 1,1 por ciento.  Un porcentaje que es inferior a la media nacional, donde el aumento se situó en el 2,4 por ciento, hasta las 1,11 millones. En cambio, el incremento de los delitos de los menores de 13 años en la región fue muy superior al conjunto de España, donde entre 2016 y 2017 aumentó un 5,2 por ciento, hasta los 11.986. De esta manera, los jóvenes de la Comunidad acumulan el 4,6 por ciento de las infracciones penales del país.

Pese al importante incremento de las infracciones de los menores de 13 años en 2017, estos delitos son inferiores a los registrados en Castilla y León en los años más duros de la crisis como 2010 (616), 2011 (649), 2012 (618) y 2013 (635). Unas cifras que comenzaron a bajar, posteriormente, a partir de 2014 hasta alcanzar el dato más bajo en 2016, con 427 delitos. A la vista de las estadísticas, las infracciones penales de los menores vuelven a repuntar con fuerza.

Frente a este tendencia alcista, contrasta la bajada de los delitos y faltas entre los jóvenes entre 14 y 17 años de la Comunidad, con un ligero descenso de 33 casos en 2017, hasta los 1.143. En España, fueron 341 más, hasta las 26.447 infracciones.

Cerca del 40 por ciento de los delitos que llevaron a cabo el año pasado los castellanos y leoneses menores de 13 años estuvo tipificado contra la integridad física de las personas. Junto a un asesinato contabilizado, hubo 170 lesiones y 42 malos tratos en el ámbito familiar, entre otros, a los que hay que sumar 15 más por relaciones familiares. También hubo 117 delitos contra la libertad y los 104 contra la libertad sexual. En este apartado, la estadística de Interior recoge siete agresiones sexuales; otras dos con penetración, ocho infracciones por corrupción de menores o incapacitados, uno por pornografía de menores y 86 contra la libertad y la indemnidad sexual.

Por primera vez desde el año 2010, los delitos sexuales de los menores de 13 años superan el centenar, puesto que, hasta ahora, la mayor cifra tuvo lugar en 2015 (95). A lo largo de 2017, hubo 28 infracciones penales más de este tipo.

Otro de los apartados que aumentó el año pasado fue el de los delitos contra el patrimonio, con un 25,4 por ciento de incremento al pasar de los 55 a los 69. Los hurtos (37), los robos con violencia en vía pública (20) y en viviendas (14) fueron los más numerosos, además de protagonizar cinco estafas bancarias. Los menores de 13 años en Castilla y León también cometieron dos delitos contra la seguridad vial, posiblemente por conducir un vehículo sin carné. Por último, destacan las 21 infracciones de orden público, entre ellas las que se imponen a manifestantes.

Violencia intrafamiliar

El coordinador de las fiscalías de menores de Castilla y León y responsable en León, Avelino Fierro, ya reconoció a Ical que las infracciones más usuales en la Comunidad eran similares a las del resto del país, con un predominio de los delitos contra el patrimonio (hurtos, robos y daños) y contra la integridad física. Eso sí, advertía del aumento proporcional, en los últimos años, de los casos relacionados con la violencia intrafamiliar y los cometidos a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales.

Recordaba que la memoria de 2005 de la Fiscalía General del Estado daba cuenta de la “eclosión” de los casos de adolescentes maltratadores, ya que supuso que “lo que antes quedaba en el seno de la familia salió de ella y los padres comenzaron a buscar apoyo fuera”. Son casos, explicaba, de menores con componentes de hiperactividad, despotismo y trastorno disocial, entre otras, que hacen que los padres angustiados, no precisamente de familias marginales, o profesores deprimidos busquen auxilio en las fiscalías de menores.

El fiscal consideraba que la “otra cara del asunto” era, en ocasiones, la falta de habilidades y la poca cintura de los progenitores, necesitados de una “escuela de padres”. Tampoco ayudaban los malos ejemplos de los mayores, la ausencia de patrones de conducta, la cultura no moderadora, la falta de control de los grupos primarios ni los medios de comunicación.

A su juicio, la sociedad ha desterrado la cultura del trabajo y del esfuerzo. En todo caso, advertía que es un asunto “complicado y delicado” porque hay padres que han aguantado más de lo recomendable confiando en que, quizás, podrían solucionar sin ayuda esa convivencia familiar “para no poner en cuestión su tarea educativa o admitir su fracaso como padres”.

En todo caso, consideraba eficaz la Ley de Menores, ya que contempla instrumentos “eficaces” para tratar bien a los jóvenes infractores y las víctimas. Recordaba que solía decirles a los jóvenes expedientados que estaban para ayudarlos, ya que el “interés del menor” es el principio que informa la forma de actuar del sistema judicial. También les advertía que las medidas iba de educativas a sancionadoras o restrictivas, que variaban en los menores reincidentes o con delitos y faltas graves.

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