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En la provincia leonesa, afortunadamente, no hay insalvables discrepancias políticas en torno a cómo afrontar la lucha contra el coronavirus. León y San Andrés del Rabanedo no son Madrid. En estas dos ciudades, actualmente con notables limitaciones de la libertad individual, se respetan las directrices emanadas por la autoridad sanitaria superior, es decir de la Junta. Y el virus retrocede, pese a la evidencia de que la lucha en este otoño-invierno va a ser larga, muy larga y dura, muy dura. En Madrid, Cataluña, Navarra, París o Bruselas ya avisan de que lo peor está por llegar. Y en España llevamos la peor parte porque la desescalada de junio la hicimos demasiado deprisa por la urgencia de salvar el turismo y porque en un alarde de optimismo creíamos que la batalla se había ganado y que ya no era urgente reforzar el sistema primario de salud pública, construir nuevas Ucis, contratar rastreadores o blindar las residencias de ancianos.
Ahora ya no hay marcha atrás y de nada sirve rasgarse las vestiduras o echar la culpa al contrario. Hay que mirar al futuro, unir fuerzas y diseñar nuevas estrategias que, en este caso, deben abordar tanto el frente sanitario como el económico. Es cierto que sin salud no hay economía, pero sin economía tampoco hay salud. Hay que trabajar en los dos frentes al mismo tiempo.
El Gobierno acaba de presentar un plan de reconstrucción con el que pretende invertir 72.000 millones de euros del fondo europeo en tres años para dar la vuelta al calcetín de la economía, cambiar de rumbo y a apostar por la sostenibilidad, la ciencia, la tecnología, la digitalización, la educación y la asistencia social. Unas líneas maestras que debería copiar la agencia de la Mesa por el futuro de León a la hora de diseñar su famoso plan estratégico.
Y, algo muy importante también a tener en cuenta: el necesario adelgazamiento de la burocracia, que en muchos casos dificulta el cumplimiento de proyectos e inversiones. El papeleo y el vuelva usted mañana puede arruinar un buen plan, como, por ejemplo conocen muy bien en la Diputación de León, donde llevan décadas intentando modernizar los métodos de gestión y lo único que consiguen es que casa año el remanente neto sea superior al del ejercicio anterior. En una provincia con tantas necesidades es inadmisible que cada año se queden sin ejecutar proyectos por decenas de millones de euros, que, en teoría, deberían beneficiar al medio rural.
Sí, hace falta una auténtica revolución administrativa, pero antes habría que hacer autocrítica política y acabar con el anquilosado –y caciquil- turnismo político instalado en la Corporación Provincial, algo que requiere voluntad política, determinación y planificación. PP y PSOE, en algunos casos con apoyos externos, se vienen sucediendo en el gobierno del Palacio de los Guzmanes desde hace cuarenta años sin que nadie cambie.
Un claro ejemplo de esta falta de voluntad de cambio es la maloliente gestión de Gersul durante décadas. Qué habrá debajo de las alfombras de Gersul para que el PSOE y UPL, ahora en el Gobierno, no se atrevan, no puedan o no quieran airear la evidente mala gestión del PP en años anteriores. No, no se van a depurar responsabilidades, salvo que la Justicia haga su trabajo. Lo más fácil y cómodo es echar tierra sobre el asunto y que el usuario pague la deuda que Gersul acumula por mala gestión de 30 millones de euros.
Con este modelo de funcionamiento, iniciativas como la Mesa por el futuro de León nacen viciadas. Quienes defienden estos modelos corruptos y viciados políticamente no se pueden poner al frente de la plataforma que ha de proponer soluciones. No se puede ser juez y parte, o sí, si lo que se pretende en el fondo es más de lo mismo, es decir, cambiar todo para que nada cambie (Lampedusa dixit).
¿Quién es ahora el nuevo príncipe de Salina leonés?
