La Unión Federal de Policía reclama más efectivos y una equiparación salarial justa en la provincia de León

Explican que la plantilla de la Comisaría Provincial de León cuenta con los siguientes efectivos: León: 308 funcionarios; Ponferrada: 151 funcionarios; San Andrés del Rabanedo: 76 funcionarios; Astorga: 51 funcionarios y consideran que "se hace necesario" un nuevo diseño del catálogo "obsoleto" de puestos de trabajo para adaptarlo a las nuevas demandas en materia de seguridad
En la imagen, Ricardo Magaz, Paco Presa y Álvaro García, directivos de la Unión Federal de Policía (UFP), posan a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en León después de la reunión oficial mantenida con el subdelegado Héctor Alaiz Moretón

Este martes 30 de septiembre, el Comité Provincial de León de la Unión Federal de Policía mantuvo una reunión oficial con el subdelegado del Gobierno,  Héctor Alaiz Moretón. A la misma asistieron, por parte de UFP, los directivos Ricardo Magaz, Francisco Presa y Álvaro García.  Desde la UFP se dio traslado al subdelegado, tanto verbalmente como por escrito, de las reivindicaciones corporativas que a continuación se detallan.

Falta de reconocimiento

La seguridad es un pilar fundamental en cualquier sociedad. En la provincia de León la Policía Nacional desempeña un papel crucial dando protección, por demarcación, a los municipios de León, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo y Astorga, donde se concentran más de la mitad de los habitantes de toda la provincia. Sin embargo, tal como es público y notorio, existe una desigualdad salarial en relación a otros cuerpos policiales no dependientes del Ministerio del Interior. Hay una evidente falta de reconocimiento a nuestra labor policial al no considerarnos incomprensiblemente profesión de riesgo, estatus que si poseen, por ejemplo, toreros, azafatas, artistas, ferroviarios o bomberos, entre otras profesiones, incluidos los cuerpos de policía locales y autonómicos.

Disparidad salarial

La disparidad salarial entre los funcionarios de la Policía Nacional y aquellos miembros de las policías locales y autonómicas es un asunto pendiente que no se puede ignorar por más tiempo. Todas estas corporaciones de ámbito municipal y autonómico realizan funciones similares y a menudo afrontan riesgos equiparables en el ejercicio de su trabajo al de las FFCCSE, con el mayor peso y responsabilidad del despliegue nacional del CNP y las competencias exclusivas que por ley desarrolla nuestro cuerpo estatal. Es fundamental que se lleven a cabo políticas que garanticen una equiparación salarial justa que refleje la importancia del trabajo de los funcionarios de la Policía Nacional.

Jubilación

La labor policial en la provincia de León, al igual que en otras demarcaciones de la geografía española, implica enfrentarse a situaciones de alto riesgo donde la integridad física y emocional de los agentes está constantemente en juego. La consideración de la Policía Nacional como profesión de riesgo debería ser, tal como queda dicho, una prioridad absoluta. Ello permitiría acceso a más y mejores recursos, formación continua y una compensación salarial acorde a los peligros que afrontan. Este estatus de profesión de riesgo también contribuiría a la mejora de las condiciones laborales y en especial a la jubilación, siendo un reconocimiento necesario hacia quienes dedican sus esfuerzos a la protección de los demás.

Mayor número de policías y principio de autoridad

Para abordar estas situaciones es esencial contar con una Policía Nacional reforzada. A día de hoy faltan agentes para cubrir las crecientes necesidades que van surgiendo en la provincia, pese a que el actual Catálogo de Puestos de Trabajo este prácticamente completo. La plantilla de la Comisaría Provincial de León, inamovible desde hace décadas, cuenta con los siguientes efectivos: León: 308 funcionarios; Ponferrada: 151 funcionarios; San Andrés del Rabanedo: 76 funcionarios; Astorga: 51 funcionarios. Se hace necesario, por consiguiente, un nuevo diseño del catálogo obsoleto de puestos de trabajo para adaptarlo a las nuevas demandas en materia de seguridad. Ello garantizaría que la Policía Nacional pueda desempeñar su labor reduciendo los índices de delincuencia que, es cierto, crecen en todo el territorio nacional, tal como consta en la estadística oficial publicada trimestralmente por el Ministerio del Interior.

Precisamente, es este sentido donde la UFP, e igualmente el resto de organizaciones representativas y por supuesto los propios funcionarios del Cuerpo, reclamamos por parte de la Administración Central un posicionamiento más efectivo al respaldo del principio de autoridad, actualmente devaluado, de los agentes para luchar contra la criminalidad.

Significar, por último, que la seguridad de los ciudadanos depende en gran medida de la dignificación y reconocimiento de quienes se dedican a ella con ahínco. Así, la Unión Federal de Policía sigue impulsando desde su fundación, hace ya 35 años, un modelo de policía volcado en el servicio a la sociedad.

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