La Unión Europea prohibió el uso en espacios abiertos de tres insecticidas neonicotinoides que se utilizan para el tratamiento de semillas de remolacha y que suponían un riesgo para los polinizadores silvestres y las abejas de la miel. Los estados miembros, entre ellos España, votaron mayoritariamente la restricción a partir de finales de año de estos productos: la clotiadinida, el imidacloprid y el tiametoxam. Por ello, la Alianza UPA-COAG lamentó las repercusiones de esta decisión en el sector, más si cabe, según defendió, cuando el tubérculo se recolecta antes de la floración, por lo que su incidencia sobre la actividad de las abejas es “prácticamente nula” porque no es atractiva para los insectos.
En este sentido, la organización exigió al Ministerio de Agricultura que reconsidere su posición e impulse una iniciativa para pedir a Bruselas que permita el uso de estas materias en el cultivo de la remolacha antes de que entre en vigor su prohibición. La opa aseguró sentir “temor” sobre el cultivo en Castilla y León, la Comunidad más productora del país, y recordó que estos productos se utilizan para el tratamiento de la semilla de remolacha, “estando acreditada su efectividad en la protección del cultivo frente a insectos, virus, parásitos y plagas”. Recordó además que la alternativa al tratamiento de la semilla es la “multiplicación de tratamientos fitosanitarios, por tanto más utilización de insecticidas químicos y un sobrecoste que hace inviable el cultivo”.
Sin embargo, la Alianza admitió ser “sensible” ante la problemática de la pérdida de colonias de abejas y explicó que apuesta por el “trabajo conjunto” de agricultores, apicultores, industria fabricante de fitosanitarios y administraciones para buscar soluciones a la disminución de la población de las colmenas. A su juicio, los cultivos agrícolas “necesitan de los polinizadores para su desarrollo”. Pero también consideró que “no puede criminalizarse” a los agricultores por “todos los problemas que afectan a la salud de las abejas, cuando está demostrado que la pérdida de colonias se debe a la existencia de múltiples elementos, como el cambio climático, enfermedades como la varroosis o la nosemosis, o especies invasoras como la avispa asiática, entre otras”.
A juicio de UPA-COAG, la prohibición de las tres materias insecticidas “no solo va a abocar a los remolacheros a asumir mayores costes económicos, sino que puede producir el efecto contrario, al tener que realizar varios tratamientos distintos para controlar los insectos que atacan a la remolacha”.
El incremento derivado de la utilización de más sustancias químicas en múltiples tratamientos, además de “ser discutible desde el punto de vista medioambiental, significa un encarecimiento de costes que puede suponer la puntilla para un sector productor y para los miles de puestos de trabajo que ocupa”, alertó.
En Castilla y León, más de 4.000 remolacheros viven del cultivo y las fábricas existentes dan empleo directo a cerca de 1.500 personas, a las que habría que añadir otras procedentes de los servicios que genera y la necesidad de provisión de insumos procedentes de industrias auxiliares como las dedicadas a fertilizantes, maquinaria, materiales de envasado, almacenaje, hostelería, etc. La actividad del transporte supone un volumen de negocio superior a los 50 millones de euros anuales.
