La Plataforma por la Igualdad y contra la Violencia denuncia que, en los últimos días del año 2022, se ha recrudecido la violencia machista: “11 mujeres han sido asesinadas, dos asesinatos más siguen en investigación policial y dos mujeres han sido heridas de gravedad. En al menos seis casos existían denuncias previas. Fue el peor mes de diciembre desde 2003, cuando se comenzó a contabilizar el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas de forma oficial. La falta de alarma y emergencia nacional ante tanta barbarie, sólo se explica por la menor relevancia que se otorga a las mujeres en una sociedad machista”
“49 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2022 no es solo una cifra, ya de por sí terrible; detrás hay años de sufrimiento y angustia, hay niñas y niños sin madre, niñas y niños testigos de la brutalidad de sus padres. Detrás de cada mujer asesinada hay otras personas que mueren en vida y que se preguntan por qué no lo vieron venir. Las mujeres somos personas, somos humanas, no hemos nacido para ser esclavizadas, ni domesticadas. Tenemos derecho a nuestro propio proyecto de vida, pero no se respetan nuestros derechos, ni siquiera el primordial derecho a la vida. Nos matan aquí y nos matan en cualquier parte del mundo”, continúan.
“Estamos en el inicio de 2023 y la violencia contra las mujeres no cesa, otras tres han pasado a engrosar la lista de víctimas. No podemos bajar la guardia ante los asesinos, los opresores, los machistas, o los misóginos. Nos enfrentamos a quienes nos convierten en mercancías, nos cosifican, nos trafican, nos usan como úteros gestantes, nos prostituyen y nos venden, lucrándose con nuestro sufrimiento y nuestra pobreza. Tampoco podemos dar un paso atrás frente a una ultraderecha que niega que nos maten o que dice que nos matan como a todos y que cuando llegan a los gobiernos desprotegen a las víctimas, privándolas de los recursos y servicios que tenían, ya de por sí escasos. Sentimos dolor y rabia ante este terrorismo machista, pero el miedo no nos paraliza, seguiremos exigiendo a todos los gobiernos, desde el ayuntamiento más pequeño, pasando por Diputaciones, Comunidades Autónomas y Gobierno Central que escuchen a las mujeres, a las asociaciones de ayuda a las víctimas y pongan los medios y recursos económicos y humanos necesarios para que las mujeres no estemos sometidas a ningún tipo de violencia machista. Para ello se necesita que se garantice el buen funcionamiento de la Atención Primaria y las Urgencias de la Sanidad Pública, que son vitales para la detección de la violencia y unos adecuados Servicios Sociales”, explican.
“En estos primeros días de un nuevo año y ante los datos de la violencia contra las mujeres, cabe reflexionar sobre lo que supone un daño social irreparable que socava las estructuras sociales, afrontando lo que no puede verse de otro modo que como un gran fracaso de la sociedad y de las políticas públicas. Las medidas propuestas y la gestión de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género se han demostrado ineficaces, y las responsabilidades públicas no han prescrito. Pesa sobre los poderes públicos la responsabilidad de proteger y prevenir la violencia machista corrigiendo tanto sus acciones como sus omisiones. En España hay vigentes dos leyes para combatir la violencia que se ejerce sobre las mujeres; la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La violencia contra las mujeres tiene raíces socioculturales muy profundas, pero las evidencias muestran que ninguno de los gobiernos que hemos tenido hasta el momento, ni a nivel estatal ni a nivel autonómico, han querido desarrollar estas leyes para cambiar el proceso de socialización y educación que acabe con la desigualdad entre hombres y mujeres”, señalan desde la Plataforma.
“Si las medidas no se dirigen con exactitud a la prevención de la violencia machista y la eliminación de sus causas, no sirven. Y si no hay transparencia en cómo se gasta el dinero, no se puede afirmar que se dedica a los fines adecuados. Si no hay un plan sistematizado y continuado en el tiempo, se seguirá destinando el dinero a aparentar que se hace. Ante estos crímenes insoportables, no nos cansaremos de denunciar las responsabilidades y de exigir que pare este desprecio de la vida de las mujeres. Reclamamos una auditoría de la gestión de los fondos públicos dedicados a combatir la violencia machista y una evaluación de las 290 medidas que contemplaba el Pacto de Estado. No olvidamos y no nos callarán”, concluyen.
