Las políticas municipales y comunitarias no suelen incorporar la IGUALDAD y el bienestar de las personas como DIRECTRIZ FUNDAMENTAL de sus actuaciones. La consecuencia es una pérdida enorme de eficacia económica y social, por lo que demandamos una organización social pensada para el bienestar y el cumplimiento de los derechos humanos de toda la población, con una gestión pública del patrimonio y los bienes comunes. Los seres humanos, hombres y mujeres, somos vulnerables, nacemos dependientes, necesitamos apoyo social para nuestro desarrollo, enfermamos o sufrimos discapacidades temporales o crónicas, envejecemos y tenemos que medir nuestros proyectos y ambiciones para hacerlas compatibles entre sí y con el mantenimiento y mejora del lugar que compartimos. Desde la igualdad todas las personas conseguiremos las situaciones laborales, sociales y políticas que nos permitan hacer compatibles las distintas facetas de la vida.
El Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género (BOE de 4 de agosto de 2018, Núm. 188) devuelve las competencias sobre violencia de género a los Ayuntamientos y regula la distribución de los fondos destinados al cumplimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de género asignados a los Ayuntamientos, por lo que en los programas de gobierno esperamos encontrar las directrices que van a guiar las actuaciones contra la violencia de género que se pondrán en práctica en los próximos cuatro años en nuestra ciudad. En este sentido, el 14 de enero de 2019 se han transferido 18.791,67 €. al Ayuntamiento de Astorga, sin que hasta la fecha se conozca el destino de esa cantidad.
Algunos puntos básicos en los que concretamos nuestras propuestas:
- Paridad. Exigencia de equilibrio de mujeres y hombres en las listas electorales, en el reparto post-electoral de cargos, en el empleo público y en la plantilla de las contrataciones del Ayuntamiento, sin estereotipos de género (no hay Concejalías femeninas ni masculinas). Tanto los cargos electos como la plantilla del ayuntamiento deberán tener formación en Igualdad para el desempeño de sus responsabilidades. El Ayuntamiento debe elaborar y hacer cumplir un Plan de Igualdad interno.
- Transparencia y participación ciudadana. Poner a disposición de la ciudadanía toda la información sobre los procesos de la gestión pública, además de educar a la población para la participación, desde la infancia, a través de diferentes estructuras participativas.
- Servicios Sociales. Las políticas públicas deben ofrecer los suficientes servicios y recursos públicos: escuelas infantiles desde 0 a 6 años, comedores sociales, centros de día, programas de prevención del maltrato y atención a víctimas, etc. para que sean innecesarias las ayudas económicas directas.
- Respeto al Medio-Ambiente. Apoyo a los huertos sociales brindando terrenos públicos. Hacer tratamientos ecológicos en los jardines y un uso más sostenible de los mismos, como plantando árboles frutales, aromáticas… Gestión totalmente pública y con empleo público del tratamiento de residuos, cumpliendo objetivos de reciclaje, reutilización y separación desde la recogida hasta los productos finales, incluidos los de origen orgánico, acompañado de planes de sensibilización para que no se genere tanta basura.
- Vivienda. El diseño urbanístico ha de hacerse con criterios de utilidad pública, comunitaria, de bienestar y seguridad para la población. Los ayuntamientos tienen que primar el derecho a la vivienda, regulando los alquileres y gestión de viviendas sociales de alquiler para que no queden desocupadas estas viviendas.
- Mobiliario y espacio público urbano. El mobiliario urbano debe ser básico y utilitario. La ciudad tiene que permitir la diversificación de usos en sus edificios y espacios, evitando áreas segregadas por sexos, edades, etnias o clases. Espacios y edificios públicos han de cumplir la ley de accesibilidad.
El derecho de la ciudadanía al uso y disfrute de los espacios y bienes públicos exige que el ayuntamiento evite la ocupación abusiva espacial, visual y auditiva que reduce los lugares destinados al paso y la convivencia tanto si los administra como una fuente de recaudación propia como si favorece la recaudación de un sector empresarial privado a costa del bienestar de la ciudadanía. Se ha de garantizar el uso del espacio público en igualdad y favoreciendo valores de convivencia, por lo que no consideramos adecuado que se fomente las continuas referencias a los acontecimientos bélicos como festejo.
- Deporte de base y mantenimiento. Destinar el dinero público a diferentes deportes, para todas las edades, y no sólo a los practicados de manera más mayoritaria; y en ningún caso para financiar a clubes privados.
- Igualdad en las tasas de impuestos. Tratamiento igualitario en el pago de impuestos, sin exenciones a las iglesias, sociedades privadas y grandes propietarios/as de terrenos y edificios.
- Coeducación. A nuestro entender, la ciudad ha de ser un importante agente educador de nuestra sociedad y las administraciones públicas deberán velar por la transmisión de valores igualitarios, integradores y no sexistas en todas las actividades programadas o subvencionadas con dinero público. Muchos informes psicológicos y sociales alertan del aumento de la violencia y las conductas agresivas en niños, niñas y adolescentes, aduciendo como causantes: el contenido inapropiado de los medios de comunicación y videojuegos, siempre al alcance de los menores; la insuficiente actuación de algunos centros educativos o de parte de sus componentes; la irresponsabilidad de las familias que delegan la educación de los y las menores en la escuela, la sociedad e incluso los citados medios de comunicación; en nuestra ciudad, a veces se premia y exalta en sus murales y fiestas conductas agresivas y se transmiten estereotipos inadecuados para la consecución de una sociedad que conviva en igualdad, con relaciones basadas en el respeto y la no violencia.
Plataforma Ciudadana de Astorga por la Igualdad y Contra la Violencia
