“Quien afirme que el entuerto del Palomar de la Vigarda está resuelto símplemente no sabe de qué habla o quiere “vender” lo que todavía no es”. Así de tajantes se muestran en el equipo de Gobierno local de Astorga cuando el tema ha vuelto a la actualidad por ser uno de los que se habló en la reunión de trabajo con el delegado de la Junta y varios de sus jefes de servicio y el alcalde de Astorga con varios munícipes.

30 años de una chapuza administrativa

La zona de la Vigarda, cerca del cementerio municipal, fue el lugar escogido por el entonces gobierno socialista para acogerse a una serie de ayudas de la Junta de Castilla y León para edificar viviendas de protección oficial, lo que popularmente se decía: “casas baratas”. Las casas, en total, 40, se levantaron en varias fases sobre un solar sin dueños conocidos, sin delimitaciones claras en el propio Registro de la Propiedad y con una serie de prisas, “por no perder las subvenciones”, se asegura desde fuentes municipales internas que recuerdan aquella operación técnica.

Los años fueron pasando y lo cierto es que la mayoría de los vecinos o han pagado sus préstamos hipotecarios blandos o incluso se enfrentan a problemas tan básicos como recepcionar una herencia, vender o trámites con unas casas que no pueden demostrar sobre el papel que no son suyas.

Manos a la obra…al papel

El actual equipo de gobierno PP-PAL, se ha propuesto poner fin a tal dislate. Para ello llevan más de un año con el asunto. Primero para saber la situación real, y después para proceder a desenredar la madeja en que se había convertido. Finalmente, desde Hacienda se contrata a un abogado especialista que, con la Oficina Técnica del Ayuntamiento ponen en marcha todo el proceso. La Secretaría municipal va un paso atrás, pero también se suma a la resolución. Medio año después al fin todo parece encajar para que las parcelas se unan y otras se segreguen hasta conseguir unificar en una sola escritura todo el recinto. Es el punto en que el “culebrón” se encuentra. De ahí que la Junta de Castilla y León es la administración que tiene que aceptar esa escritura y dividir horizontalmente en cada vivienda, esto es, dar propiedad jurídica a cada hogar para a su vez escriturar uno por uno y dar fe de su propiedad real a cada propietario, hasta ahora usuario, de cada casa.

En este complicado efecto a varias bandas tiene aún que moverse el secretario municipal, el registrador de la propiedad y la propia Oficina Técnica local. Lo que efectivamente se acordó en palabras del delegado de la Junta fue que “todo propietario tiene que tener derecho a su escritura de propiedad”. Lo que ha abierto la luz de un largo túnel del que no se tenía segura la salida.

El trabajo del abogado contratado por la concejalía de Hacienda, y por tanto por el actual gobierno local, terminará en un mes aproximadamente, según nos cuentan y el de la Junta de Castilla y León “de tres a seis meses” como pronto. Desde el gobierno local se respira esperanza pero no confianza todavía en que quede todo resuelto. ¿Prudencia?