El Grupo Parlamentario Socialista ha exigido este viernes en la Comisión de Cultura, celebrada en las Cortes de Castilla y León, agilizar los procedimientos de declaración BIC de los bienes relativos a patrimonio industrial minero pendientes e iniciar lo antes posible las actuaciones necesarias para garantizar la protección de aquellos que por su singularidad así lo merezcan.
Reforzando su intervención con un informe expedido por el Procurador del Común, el socialista Javier Campos ha acusado el abandono de la Junta hacia el patrimonio industrial minero de la provincia, recordando que es la responsable de salvaguardar y proteger estos bienes, según la Ley de Patrimonio.
Como ejemplos ha detallado la fábrica de harinas y chocolates ‘La Rosario’ en Astorga, la azucarera Santa Elvira en León, el lavadero de la Recuelga en Santa Cruz del Sil, y el Pozo Herrera II en Sabero, elementos pendientes de resolución.
“No existe una protección jurídica efectiva del patrimonio industrial de nuestra comunidad, en particular del minero en León y Palencia, lo que condiciona su conservación. Si no hay protección, la realidad indica que ese inmueble se pierde. Pero poco le importa a la Junta, porque muchas veces no tiene problema en realizar la declaración, pero sí en trabajar para su conservación”, ha indicado el procurador berciano, argumentando que lo que el Gobierno de Mañueco aprueba en sede parlamentaria en ocasiones no tiene un calado efectivo en la sociedad por la falta de interés de la propia Administración autonómica.
En este sentido, Campos ha apuntado la “limitación que provoca la Junta en el acceso a las ayudas para la rehabilitación de los inmuebles patrimoniales” como puede ser la línea de financiación y la consulta pública por parte del ministerio, o las financiaciones de un nivel superior, sobre todo para municipios de menos de 20.000 habitantes que sufren más todo lo sucedido con la minería.
Durante su intervención, el político socialista, parafraseando al Procurador del Común, ha incidido en la queja de protección legal del patrimonio industrial y minero, porque “no solo repercute en la conservación de los bienes, sino que también desincentiva las iniciativas empresariales y en concreto las enfocadas a la difusión del patrimonio industrial en los municipios que podían encontrar en el turismo una fuente económica alternativa a la actividad carbonera que ha dejado de existir”.
“La Junta de Castilla y León no tiene un proyecto formal. No desarrolla una política seria de protección que pudiera dar iniciativas y oportunidades a los territorios que las han perdido. No existe ese trabajo de vertebración, de pensar en qué hacer, cómo hacerlo y por qué. Ni siquiera son capaces de gastar los recursos que llegan desde otras administraciones”, ha finalizado Javier Campos.
