El Partido Popular registró el pasado martes una solicitud formal para que Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa, comparezca en el Congreso. El grupo parlamentario quiere que la número dos del Ministerio explique con detalle la hoja de ruta del Ejecutivo para desligar tecnológicamente a las Fuerzas Armadas de la industria armamentística israelí, una desconexión que, según se ha avanzado, incluiría también la revocación de licencias tecnológicas.
La petición, firmada por el portavoz popular en la Cámara Baja, Miguel Tellado, se produce tras unas declaraciones realizadas por Valcarce la semana pasada. En un acto público, la secretaria de Estado aseguró que, pese a que actualmente existen “cuestiones de carácter tecnológico en programas en curso”, ya se está trabajando en un plan cuyo objetivo es lograr una total independencia: “No queremos depender de Israel, de ninguna manera”, sentenció.
Valcarce explicó que el plan está en fase de desarrollo y que la industria nacional ya ha sido informada al respecto. La meta, afirmó, es reducir progresivamente la dependencia hasta alcanzar el “objetivo 0”, algo que solo será posible, recalcó, con una desconexión tecnológica completa. “Apostamos por el desarrollo de una capacidad tecnológica propia, tanto en España como en Europa”, destacó.
Desde la oposición, el PP reclama ahora que Valcarce aclare ante las Cortes qué implicaciones podría tener esta ruptura para la seguridad y defensa nacional, en un contexto internacional especialmente delicado.
La solicitud de comparecencia coincide con las primeras medidas adoptadas por el Ejecutivo en esta dirección. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, confirmó la cancelación del contrato de adquisición de misiles Spike LR2 de fabricación israelí, una decisión enmarcada en la estrategia de “desconexión total” con la tecnología militar israelí, según sus palabras, para evitar cualquier colaboración con el Gobierno de Benjamin Netanyahu.
El contrato, aprobado inicialmente el 3 de octubre de 2023, contemplaba la compra de 1.680 misiles anticarro Spike LR2 y 168 puestos de tiro por un importe de 285 millones de euros. La empresa encargada de coordinar el programa en España era Pap Tecnos, filial de la israelí Rafael Advanced Systems, en colaboración con las firmas nacionales Escribano, Tecnobit y FMG.
