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El Partido Popular de Astorga llevará al pleno de este jueves una propuesta de acuerdo/moción para instar al Gobierno de España a ingresar los 750 millones de euros que adeuda a las entidades locales en concepto de entregas a cuenta del IVA del año 2017.
Exposición de motivos
Los populares explican que las entidades locales de toda España han reclamado desde el año 2019 al gobierno de Sánchez, y en concreto a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, Mª Jesús Montero, que les ingrese el dinero que el Estado les adeuda en concepto de entregas a cuenta de la recaudación del IVA del año 2017. Dinero que también adeuda a las comunidades autónomas.
En agosto de 2019, el Gobierno afirmó que un gobierno en funciones no podía actualizar el sistema de financiación autonómica ni local, y para justificar esta posición esgrimió un inexistente informe de la Abogacía del Estado que más adelante rebajó al nivel de consultas verbales.
Posteriormente, en octubre de 2019, anunció que si procedería a actualizar los pagos de las entregas a cuenta de CCAA y EELL, tras haber desaparecido «de manera misteriosa, y electoralista, los supuestos impedimentos legales que esgrimía meses antes».
A pesar de este anuncio, en el año 2020, «la ministra Montero llegó a afirmar que no devolvería los 2.500 millones del IVA de 2017 a las CCAA y dijo que esa cantidad «no existía». Negativa que extendió a las EELL en la sesión de la Comisión Nacional de Administración Local celebrada el día 10 de febrero de 2020. Un año después, el Tribunal Supremo, ha avalado que Sánchez y Montero discriminaron a las CCAA y las EELL al decidir, conscientemente, no atender sus obligaciones legales y no pagarles el IVA que les adeuda del ejercicio 2017″, continúan.
Así, la sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal ha estimado el recurso planteado en 2020 por la comunidad autónoma de Castilla y León y la sentencia Nº 528/2021, de 19 de abril, establece los siguientes hecho como cosa probada:
– Se vulneró el derecho a la autonomía financiera de CCAA – por tanto también la de las EELL- que consagra la Constitución Española (artículos 140, 142 y 156).
– El Gobierno no aplicó el principio de lealtad institucional en la actuación de las administraciones públicas (artículo 3.1.e/ de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) que en relación con el artículo 103 de la Constitución habría exigido que atendiese la reclamación de Castilla y León
– El Estado llevo a cabo durante 2019, ante la reclamación de Castilla y León, iniciativas que indicaban que asumía que procedía la compensación.
Propuesta de acuerdo
Por ello, los populares en Astorga exigen al Gobierno de España que «cumpla la ley y haga efectivo el pago de los 750 millones de euros en que se cuantifica el perjuicio causado a las EELL por el desplazamiento de ingresos de IVA del mes de diciembre de 2017 y su incidencia en la liquidación anual de la Participación de las EELL en los Tributos del Estado (PIE)».
Este pago no constituye ninguna dádiva o favor hacia las EELL sino el pago de una deuda que el gobierno mantiene desde hace dos años con todos los vecinos de los municipios, provincias, cabildos y Consells de España.
También exigen que el Gobierno «deje de discriminar a las EELL» y ponga en marcha el fondo para la reconstrucción local de 3.000 millones de euros y el fondo para paliar el déficit del transporte público local de 1.000 millones de euros y, por último, que permita a los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells del país gestionar el 14,6% de los fondos de recuperación europeos.
Por último piden que se presente un proyecto de ley de modificación del actual sistema de financiación local que «aporte seguridad jurídica y una financiación adecuada a las entidades locales».
