El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha actualizado las tarifas de los peajes en autopistas de titularidad estatal bajo concesión administrativa para el año 2025. A partir del 1 de enero, las tarifas aumentarán entre un 3,8 % y un 5,4 %, dependiendo de las particularidades de cada concesión.
En un comunicado difundido, el departamento encabezado por Óscar Puente detalló que la actualización afecta a las autopistas AP-51, AP-61, AP-6, AP-53, AP-66, AP-7 (Alicante-Cartagena), AP-7 (Málaga-Guadiaro), AP-68, AP-71, AP-9 y AP-46, y se ha aprobado mediante una orden ministerial.
En el caso de la AP-71, que conecta Astorga con León, la subida del precio para vehículos ligeros es de 0,25 céntimos, pasando de costar 5,75 a 6 euros este nuevo año.
Incrementos ligados al IPC y medidas previas
La subida de las tarifas responde principalmente a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC), en consonancia con la legislación vigente, así como a la eliminación progresiva de las medidas excepcionales adoptadas a finales de 2022. Estas medidas limitaron el incremento de los peajes al 4 % durante 2023, pese a que el ajuste inicial debía oscilar entre el 8,4 % y el 9,5 %.
El ministerio recuerda que, como parte de estas medidas, se estableció una subvención temporal para amortiguar el impacto de la alta inflación, y se fijó que esta ayuda se iría eliminando gradualmente hasta 2026. De este modo, el incremento acumulado de las tarifas debe trasladarse ahora al usuario, ya que el alza correspondiente a 2023 no se aplicó en su totalidad.
Si no se hubieran mantenido las subvenciones previstas, el aumento en 2025 habría sido mayor, situándose entre un 6 % y un 7,7 %. Según datos oficiales, estas medidas supusieron un ahorro de 60 millones de euros para los conductores entre 2023 y 2024. La subvención que estará vigente en 2025 equivale a un coste estimado de 22 millones de euros.
Bonificaciones adicionales para usuarios frecuentes
Además de estas acciones, el Gobierno asegura que continúa promoviendo una política de subvenciones a los peajes con el objetivo de aliviar los costes para los usuarios habituales de estas infraestructuras. En algunos casos, estas bonificaciones han sido cofinanciadas por los Gobiernos autonómicos, que colaboran económicamente en la implementación de estas ayudas.
