A pesar de que el Gobierno anunció la suspensión de relaciones comerciales en materia de defensa con Israel debido al conflicto en Gaza, actualmente se mantienen vigentes contratos significativos con empresas israelíes. Entre ellos destaca el acuerdo para el desarrollo del sistema de lanzacohetes SILAM, en colaboración con la empresa israelí Elbit Systems, y la adquisición de misiles SPIKE LR2.
Estos contratos, valorados en casi 900 millones de euros, han generado críticas por parte de sectores políticos y sociales que cuestionan la “coherencia” entre los compromisos políticos y las acciones gubernamentales.
El Ministerio de Defensa justifica la continuidad de estos acuerdos argumentando que los componentes tecnológicos israelíes involucrados son “no sustituibles”, lo que complica su cancelación sin afectar las capacidades defensivas del país. Sin embargo, esta situación ha reavivado el debate sobre la necesidad de establecer mecanismos más efectivos para garantizar que las políticas exteriores y de defensa estén alineadas con los compromisos éticos y políticos asumidos por el Gobierno.
