Num: 2859 | Domingo 16 de enero de 2022
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El Consejo de Cuentas recomienda a las diputaciones que conecten a los pequeños ayuntamientos con el resto de las administraciones

Alegan que los sistemas implantados cumplen con buena parte de los requisitos que marcan la LPAC y la LRJSP, solo Astorga presenta un nivel global negativo al no alcanzar un resultado satisfactorio en 10 de los 12 ítems revisados


El Consejo de Cuentas recomienda a las diputaciones que impulsen la interoperabilidad de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes con el resto de las administraciones, especialmente mediante el acceso a los servicios comunes que pone a disposición la Administración General del Estado.

Asimismo, les insta a regular la prestación de los servicios de administración electrónica por parte de estas entidades locales, con nueva normativa o adaptando la existente de los Servicios de Asistencia Técnica (SAT) a estas localidades.

El órgano publica hoy la fiscalización de la implantación y gestión de la administración electrónica en las entidades locales. La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), ambas de 2015, convirtieron la tramitación electrónica en su actuación habitual, tanto para sus procesos de gestión interna, como para las relaciones con los ciudadanos y entre distintas administraciones. Al respecto, el análisis revela que el servicio prestado por las diputaciones provinciales se utiliza por el 98 por ciento de los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes.

Al cierre de 2019, el conjunto de las diputaciones había implantado en los ayuntamientos un 82 por ciento de los ocho servicios identificados en la normativa. En cuanto a los cinco servicios con entrada en vigor prorrogada hasta 2021 el nivel de prestación se sitúa en el 71 por ciento. En este sentido, entre las recomendaciones de informe está también que deben acometer actuaciones para completar la puesta en funcionamiento en los ayuntamientos, tanto de los ocho servicios cuya regulación normativa no fue objeto de prórroga, como para los cinco restantes. Asimismo, el Consejo de Cuentas apela a aplicar indicadores de seguimiento de la prestación de los servicios por parte de los ayuntamientos. “Los ayuntamientos analizados deben alcanzar la plena adaptación de sus servicios a los requerimientos de la LPAC y la LRJSP”, indica.

Al respecto, el Consejo de Cuentas se centra en los siete ayuntamientos de entre 10.000 y 20.000 habitantes de la Comunidad, Béjar, Ciudad Rodrigo, La Bañeza, Santa Marta de Tormes Astorga, Benavente y Villaquilambre, y constata que entre los sistemas que no se encuentran generalizados destaca el archivo electrónico único, que garantiza el archivado electrónico a largo plazo de los expedientes que ya no tienen soporte en papel. También registran un bajo nivel de utilización en la plataforma de intermediación de datos, que permite a los ciudadanos no aportar documentos que ya se encuentran en las administraciones públicas.

Además, la transformación de los registros en oficinas de asistencia en materia de registro todavía no se ha realizado en aspectos clave, como la disponibilidad de medios de firma sencillos que faciliten al ciudadano el iniciar los trámites de manera electrónica, con excepción del Ayuntamiento de La Bañeza.

La mayoría de los ayuntamientos no ha seguido un plan definido para su transformación digital. Con todo, los sistemas implantados en estos consistorios cumplen con buena parte de los requisitos que marcan la LPAC y la LRJSP. Únicamente Astorga presenta un nivel global negativo al no alcanzar un resultado satisfactorio en 10 de los 12 ítems revisados.

Por otra parte, el Consejo de Cuentas recomienda que deben adecuar su funcionamiento al cumplimiento de la normativa del del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), del Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) y sobre protección de los datos de carácter personal.

Finalmente, apuesta porque deben informar a los ciudadanos de las posibilidades que ofrece la administración electrónica, estableciendo sistemas de evaluación que permitan disponer de información respecto a su implantación real. Y es que la mayoría de las diputaciones carece de “Carta de Servicios” para ofrecer a los ayuntamientos garantías de calidad.

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