El Ayuntamiento de Astorga ha iniciado el análisis del proyecto de construcción de una planta de generación de biometano y producción de fertilizantes proyectada por Apiolae S.L. en Val de San Lorenzo, ante la proximidad de la actuación al término municipal astorgano y la posibilidad de que pueda afectar a competencias municipales.
El alcalde de Astorga José Luis Nieto, a través de una providencia de Alcaldía fechada el 18 de agosto, ha pedido a los servicios técnicos municipales y a la Secretaría General que examinen la documentación correspondiente al expediente que actualmente se encuentra en periodo de información pública. El objetivo es determinar si existen cuestiones urbanísticas, técnicas, ambientales o jurídicas que deban ser trasladadas a la Administración autonómica antes de que concluya el plazo para presentar alegaciones.
Un proyecto actualmente en información pública
El proyecto promovido por Apiolae S.L. contempla la instalación de un complejo industrial en las parcelas 16 y 17 del polígono 517 de Val de San Lorenzo. La actividad principal prevista sería el tratamiento biológico de residuos no peligrosos para la obtención de biometano, además de la producción de fertilizantes y las instalaciones eléctricas necesarias para el funcionamiento del complejo.
La Junta de Castilla y León abrió esta semana el periodo de información pública de la solicitud de autorización ambiental y del estudio de impacto ambiental del proyecto, con un plazo de 30 días hábiles para que las personas interesadas puedan formular alegaciones u observaciones.
Es precisamente dentro de este procedimiento cuando el Ayuntamiento de Astorga ha decidido revisar el expediente para valorar las posibles afecciones que la actuación pudiera tener sobre el municipio.
Urbanismo, caminos e infraestructuras, bajo análisis
La providencia establece que los Servicios Técnicos Municipales deberán analizar, dentro de sus competencias, aspectos como la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico vigente, la clasificación y régimen urbanístico de los terrenos, los usos previstos o las posibles afecciones sobre infraestructuras, caminos y servicios municipales.
La revisión no se limita al ámbito urbanístico. La Secretaría General y los servicios jurídicos municipales también deberán estudiar el expediente para determinar si existe alguna cuestión jurídica relevante para la defensa de los intereses del Ayuntamiento o alguna circunstancia que pueda justificar la presentación de alegaciones u observaciones.
Los informes deberán señalar expresamente si se detecta algún aspecto que deba ponerse en conocimiento de la Dirección General de Política Ambiental dentro del periodo de información pública.
Astorga decidirá si presenta alegaciones
Una vez elaborados los informes, si de ellos se desprenden cuestiones que deban ser trasladadas a la Administración autonómica, los servicios municipales elevarán a la Alcaldía las correspondientes propuestas de alegaciones, observaciones o actuaciones.
De esta forma, el Ayuntamiento de Astorga no ha adoptado todavía una posición definitiva sobre el proyecto, sino que ha puesto en marcha un proceso de análisis técnico y jurídico para conocer sus posibles repercusiones y determinar, en su caso, si resulta necesario intervenir formalmente en el procedimiento ambiental abierto por la Junta.
