Ecologistas en Acción de León ha vuelto a presentar alegaciones contra el estudio de impacto ambiental del proyecto Parque Medioambiental de Tratamiento de Residuos (PMTR) de San Justo de la Vega. Este proyecto contempla la construcción de dos vertederos con capacidad para almacenar cinco millones de toneladas de residuos industriales, de las cuales un millón serían residuos peligrosos, según ha informado la organización en un comunicado.
La entidad ecologista solicita que se emita una declaración de impacto ambiental “desfavorable”. En caso de que el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y el Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Junta emitan informes favorables, piden que estos sean accesibles al público y que se reinicie el procedimiento de autorización ambiental.
Además, Ecologistas en Acción recuerda que el proyecto ya ha tenido que ser modificado tras un informe negativo del Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Junta. Dichas modificaciones eliminaron un vertedero para residuos de construcción y demolición, pero mantienen los destinados a residuos industriales no peligrosos (con una vida útil mínima de 25 años) y residuos peligrosos (mínimo 15 años), ambos con la misma capacidad inicial. En este último, podrían llegar anualmente hasta 11.578 toneladas de residuos peligrosos, incluidos materiales tóxicos como el amianto.
Riesgos ambientales y ubicación
Según la organización, el proyecto es “inaceptable” debido a su ubicación, ya que podría suponer un alto riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas. Los nuevos vertederos estarían situados entre dos arroyos afluentes de los ríos Tuerto y Órbigo, además de sobre el acuífero detrítico terciario del Tuerto-Esla, caracterizado por su alta permeabilidad.
En sus alegaciones, Ecologistas incluye un informe elaborado por Isabel Herráez Sánchez de las Matas, doctora en Ciencias Geológicas y experta en Hidrogeología. Herráez, quien fue coautora en 1999 de un informe del CSIC que desaconsejaba la ubicación del actual Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) en San Román de la Vega, reitera los problemas identificados entonces, señalando que siguen siendo aplicables al nuevo proyecto. Según su análisis, la ubicación propuesta no cumple los requisitos de la Directiva 1999/31 ni del Real Decreto 646/2020, que regula la eliminación de residuos en vertederos.
Herráez asegura que no se han demostrado suficientemente aspectos como la idoneidad hidrológica, hidrogeológica, geomorfológica, la baja vulnerabilidad de los acuíferos, la calidad de las aguas superficiales ni las medidas para prevenir y controlar la contaminación.
Ecologistas en Acción también argumenta que el proyecto incumple varias normativas, como la Ley de Residuos y la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. Además, critican la “arbitraria” tramitación del PMTR como Proyecto Regional, denuncian la falta de justificación en el plan autonómico de gestión de residuos y alertan sobre el impacto negativo que podría tener en el Camino de Santiago, así como sobre las consecuencias sociales y económicas de la iniciativa.
