Castilla y León se marca el reto de aquí a 2030 de reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones -el riesgo era un 23,2 por ciento en 2016- para conseguir el objetivo final de ‘pobreza cero’, y también contemplar la perspectiva de género en las actuaciones que se realicen en el marco de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y la I+D+I para superar la brecha digital existente entre las mujeres de la Comunidad, especialmente en el medio rural, mediante programas que incentiven la alfabetización digital.
Éstas son dos de las acciones recogidas para la implementación de la Agenda 2030 en Castilla y León, consultadas por Ical en el Portal del Gobierno Abierto de la Junta, donde ha estado el texto hasta el 21 de junio para recabar aportaciones ciudadanas y de colectivos, si bien el plazo se amplió.
Una vez finalizado el plazo de participación, el Consejo de Gobierno aprobó hoy el documento que contiene las directrices para avanzar en la Agenda 2030, en el que se realiza un análisis de la situación en Castilla y León en cada uno de los 17 objetivos que marca Naciones Unidas los retos e indicadores para avanzar y la implicación de todas las consejerías, explicó la consejera portavoz, Milagros Marcos, en la rueda de prensa.
La Agenda 2030 es el plan de acción de Naciones Unidas para el mayor desafío del mundo actual, que es la erradicación de la pobreza, ya que entienden los países miembros que sin su desaparición no puede existir un desarrollo sostenible. Así, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible recoge 17 objetivos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que abarcan desde la salud, la educación, la igualdad, el medio ambiente, la energía, el cambio climático, las infraestructuras, el crecimiento económico sostenible e inclusivo o la justicia social.
La Junta de Castilla y León creó por un acuerdo de septiembre de 2017 un grupo de trabajo de carácter técnico formado por personal de todas las consejerías y coordinado por la de la Presidencia para la elaboración del documento que recogiera las directrices para la implementación de la Agenda 2030, aprobado hoy. Una resolución de las Cortes de junio de ese mismo año instó al Ejecutivo a plantear medidas en esa dirección para cumplir los objetivos de Naciones Unidas.
Se trata de un documento de 256 páginas, que analiza 17 objetivos, y se presenta como el trabajo conjunto de la Administración Autonómica y como “la guía” de todas las políticas públicas de la Comunidad, a todos los niveles. En cada uno de los objetivos, se describe la situación en Castilla y León, el análisis por metas, por objetivos de desarrollo sostenible y los retos e indicadores hasta el año 2030.
Poner fin a la pobreza
Según recoge el documento, las tres cuartas partes de las personas pobres del planeta viven en países de renta media, por lo que se apuesta por abordar este problema desde un enfoque global. En Castilla y León, según el umbral de riesgo de pobreza fijado con estándares europeos de los ingresos por unidad de consumo de las personas -8.209 euros para hogares de una persona y 17.238 euros cuando son dos adultos y dos niños-, esta cifra alcanza en 2016 hasta el 17,7 por ciento de la población sobre el 22,3 de la media nacional, algo más de 4 puntos menos, situándose en el noveno puesto (el mismo que el año anterior) en el listado de riesgo de pobreza por Comunidades Autónomas.
Por otro lado, la Encuesta de Condiciones de Vida, estandarizada como tasa AROPE, situó el riesgo de pobreza de Castilla y León en 2016 en el 23,2 de la población sobre el 28,8 por ciento nacional, 5,6 puntos por debajo. En la Comunidad, el 2,0 por ciento de la población se encuentra en situación de carencia material severa. En 2015 la tasa de pobreza infantil AROPE en Castilla y León se sitúa en el 28,8 por ciento, 5,6 puntos por debajo de la media nacional 34,4 por ciento.
Castilla y León ha bajado la tasa de pobreza infantil AROPE en 6 puntos respecto a 2014, mientras que la media nacional ha reducido su tasa en 1,3 puntos, sin embargo, en 2013, en la Comunidad esta tasa se situaba en el 23,1.
La Junta recuerda que para ese objetivo puso en marcha la Red de protección que atendió en 2016 a más de 184.000 personas con 183 millones y que en 2018 prevé un gasto de 207 millones que van a beneficiar a 200.000 personas, así como la renta con un total de 38.060 perceptores en ese año, 531 beneficiarios más que en 2015.
Una de las metas pasa por reducir de aquí a 2030 al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. Para ello, marca como retos garantizar las prestaciones y servicios incluidas en la Red de protección a las personas y familiar en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León, extender el derecho de las prestaciones o mantener los indicadores de pobreza de Castilla y León al menos la diferencia actual sobre la media.
Sanidad
Una de las metas en sanidad es evitar las muertes de recién nacidos y de niños menores de 5 años para lograr que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 por cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores de 5 años al menos a 25 por cada 1.000 nacidos vivos. La Junta entiende satisfecho este indicador en Castilla y León porque la tasa de neonatos fue en 2015 de 1,78 por 1.000 nacidos vivos y 0,49 en el caso de niños de menos de cinco años.
Entre las medidas se recogen impulsar la prevención de enfermedades transmisibles en la infancia mediante la vacunación infantil, avanzar en la prevención y detección precoz de enfermedades poco frecuentes o raras, disponer de servicios de referencia de cirugía pediátrica y de cuidados intensivos pediátricos en el Servicio Público de Salud o impulsar la realización de buenas prácticas al nacimiento y la lactancia en centros sanitarios públicos.
En educación figuran entre las metas asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos. También que todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.
Igualmente, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad y los niños en situaciones de vulnerabilidad.
Como medidas se incluyen mantener la reserva de plaza en el proceso de admisión para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo de FPB y para el alumnado discapacitado que accede a GM y GS, elaborar la normativa correspondiente para dar cobertura al proyecto Centros 2030 con medidas que favorezcan la educación inclusiva y equitativa, eliminar las diferencias de género asegurando el acceso igualitario a todos los niveles educativos e intervenir desde el ámbito educativo ante la sospecha de violencia de género.
