Es incontestable que desde Mérida a Astorga existe una calzada romana (con un trazado conocido en más del 70 % de su recorrido y con un gran número de vestigios ‘in situ’, de los más abundantes de toda Europa). El hallazgo en 1985 de un miliario, el CCLIX, en el término de Milles de la Polvorosa (Zamora), que marca la distancia exacta desde Mérida a Astorga (en la medida en km actuales, 383), reafirma antiquísimos datos sobre un itinerario, propio, específico. Al que le conviene la denominación de Vía de la Plata, pues así consta, históricamente, en su trazado. Una calzada de tanta importancia debería haber merecido, y merecer, un respeto, una salvaguarda y promoción preferentes. Sin embargo, en 1997 se constituyó una Red de Ciudades de la Ruta de la Plata, con el propósito de hurtar a Astorga su papel de cabecera de este camino histórico, en favor de Gijón, y derivar el flujo turístico por la N-630, y su correlata autovía; es decir, promocionar el eje Sevilla-Benavente-León-Gijón, lo que ocasiona para Astorga y las poblaciones de la Vía en la provincia leonesa, distantes respecto a estos dos trayectos, un perjuicio económico considerable.
Aunque parezca inverosímil, a día de hoy, la Vía de la Plata solo está declarada como Bien de Interés de Cultural en el tramo salmantino, en virtud de un decreto del gobierno republicano, el 3 de junio de 1931. Dado que para obtener subvenciones europeas es preciso, previamente, su consideración patrimonial, no se han arredrado los diversos gobiernos regionales, los dos que poseen esta calzada y los que se la inventan, en llevar a cabo la treta siguiente: iniciar los expedientes con trazado arbitrario para tal fin y dejarlos en suspenso durante años. Así han actuado, la autonomía de Extremadura, con inicio de declaración el 19 de noviembre de 1997, y la de Castilla y León el 20, XI, 2001; con criterios totalmente diferentes. En cuanto a las regiones usurpadoras, Andalucía no ha iniciado trámite alguno y la de Asturias se ha inventado lo que llama, pero que no “usa” en la difusión, “Ramal transmontano de la Ruta de la Plata”, según decreto del 11 de octubre de 2017. En la pantagruélica mesa de la falsificación de la Vía de la Plata falta aún un comensal: la autonomía de Galicia con la denominación Via da Prata para el trayecto Granja de Moreruela, Orense, Santiago (según catalogación, con un “intríngulis” previo, de 4 de mayo de 2016).
Si nos percatamos, todos los intentos falsificadores van encaminados a soslayar la calzada en su tramo último, es decir, desde Brigaeco (Benavente) a Asturica (Astorga), tanto por su poniente como por el este. No es un tema menor este fraude, ante todo para nuestra ciudad bimilenaria, pues le cercena las posibilidades de erigirse en el epicentro de las calzadas romanas del noroeste peninsular, con la relevancia patrimonial y económica que ello supone, de cara a su difusión nacional e internacional y para obtener subvenciones de la Unión Europea.
Junto a la Cañada y la Vía, para el tercer bien patrimonial, el ferrocarril “Línea del Oeste” de Palazuelo (Plasencia) a Astorga, no corren tampoco buenos tiempos. Inaugurada en Astorga el 21 de junio de 1896, quedó clausurada para el uso de viajeros, junto a otras vías férreas deficitarias, el 1 de enero de 1985; y definitivamente para mercancías, y con autorización para “su levantamiento y nuevos usos”, en 1996. Así, con total impunidad se han arrancado y vendido tramos de la Línea, desvalijado casillas, estaciones…, se ha permitido ocupar las amplias franjas que franquean el balastro y se ha dejado, la que podía ser un atractivo bien patrimonial (con dos amplios pasillos peatonales a ambos lados de las vías), de comunicación y natural, a merced de peregrinas ‘sendas verdes’ o de la maleza. Usada, últimamente, como propaganda política disparatada por algunos parlamentarios, ningún ejecutivo se ha planteado detener su continuo expolio.
La situación de desidia y de hurto en estos textos relatada, respecto a la Cañada y la Vía, de la Plata, junto al abandono del ferrocarril Línea del Oeste, indica cuánto tiempo se ha perdido, cuán grande es el daño patrimonial ocasionado y qué lejos estamos de preservar y sacar provecho económico de nuestros esenciales recursos patrimoniales.
