212 entidades locales ya han comunicado que no podrán rendir cuentas en plazo

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amiliviaa, destaca que el COVID-19 no ha provocado “retrasos significativos” en sus trabajos
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se reúne con el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia. / R. Cacho

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilvia, precisó hoy que un total de 212 entidades locales ya había comunicado a la institución su imposibilidad de rendir cuentas en plazo (31 de octubre), a fecha 12 de mayo.

El presidente expuso que en el ámbito específico de las entidades locales es necesario tener en cuenta que la entrada en funcionamiento de la plataforma de rendición se produjo estando activo el estado de alarma. Como consecuencia de las diferentes medidas legislativas, aseguró que se han ido introduciendo anuncios en la página web del Consejo de Cuentas para facilitar su conocimiento por las entidades locales.

Amilivia afirmó que no se están produciendo” retrasos significativos, al menos inicialmente”, en la ejecución de los trabajos de la institución propia que dirige pese a la crisis sanitaria, gracias a su “experiencia” en el teletrabajo. Una afirmación que hizo “siempre con la cautela” ante los efectos que puedan derivarse de la duración que finalmente tenga la suspensión provisional de los plazos administrativos por la pandemia de covid-19. Asimismo, aseveró que en algunas fiscalizaciones será necesario hacer visitas presenciales, lo que en algunos casos estará supeditado a los “acontecimientos de la crisis sanitaria”.

Mario Amilivia, compareció hoy ante la Comisión de Economía y Hacienda por primera vez desde que se decretase el estado de alarma el pasado 14 de marzo, donde explicó las medidas adoptadas desde la Institución durante este periodo, tanto en lo que afecta a la ordinaria labor de fiscalización, como al régimen interno de funcionamiento.

Amilivia asumió que en el plan de formación ha habido una gran influencia de la pandemia y se está analizando sustituir los cursos presenciales por telemáticos.

Las previsiones que tiene el Consejo de Cuentas en relación con el teletrabajo es que siga siendo la forma prioritaria de funcionamiento en la institución durante tres meses después del cese del estado de alarma. En todo caso, y pese a la generalización del teletrabajo, se han establecido medidas preventivas para el personal, teniendo en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.

El presidente del Consejo de Cuentas relató que el 16 de marzo, siguiendo las recomendaciones sanitarias, se dictó una primera resolución en la que se estableció que todo el personal de fiscalización pasara a realizar sus funciones mediante el teletrabajo.

En este sentido, recordó la “experiencia” desarrollada en teletrabajo que, en un sistema mixto con la actividad presencial, es práctica “habitual” en la institución desde hace siete años. Amilivia recordó que antes de la pandemia algo más de la mitad del personal ejercía mediante teletrabajo, y ahora es la totalidad. “En lógica con lo anterior”, sentenció, los trabajos de fiscalización “se han mantenido en sus diferentes fases de tramitación”.

Así, durante este tiempo se han remitido a las Cortes de Castilla y León los informes “Fiscalización de la contratación realizada en el sector público local, en colaboración con el Tribunal de Cuentas” y “Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de León, ejercicio 2016”. Respecto a otros informes en fase avanzada, se ha enviado a alegaciones el correspondiente a la Fiscalización de las Cuentas Anuales de la Universidad de Valladolid, ejercicio 2016, así como el informe de fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial 2018.

Por otra parte, precisó que se han celebrado tres sesiones plenarias por videoconferencia en las que, entre otros asuntos, se aprobaron las directrices técnicas de cinco fiscalizaciones correspondientes al Plan Anual 2020, cobre la Cuenta General, ejercicio 2019; Contratación administrativa celebrada en el ámbito de la administración general e institucional, ejercicios 2018-2019; Informe acerca de la situación y actividad económico-financiera, así como de la ejecución funcional del gasto de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2018; Fiscalización de la situación de seguridad informática en las entidades locales de Castilla y León; y Análisis comparativo de la eficacia y eficiencia de la gestión recaudatoria en las diputaciones provinciales.

Además, precisó que se están realizando trabajos preliminares con el fin de redactar las directrices técnicas e iniciar los trabajos de la Fiscalización del cumplimiento de la normativa relativa a la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Comunidad Autónoma, ejercicios 2018-2019; y de la Fiscalización de la implantación y gestión de la administración electrónica en las entidades locales de Castilla y León, en coordinación con el Tribunal de Cuentas.

Con la comparecencia de hoy son nueve las realizadas durante el actual mandato del Consejo de Cuentas, y un total de 31 los informes presentados, los cuales representan el 16 por ciento de los 194 informes aprobados hasta la fecha en la historia de este órgano de control externo. Tras la sesión de hoy quedan 10 informes ya aprobados y pendientes de comparecencia, todo ello sin perjuicio de que, habrá que ir incorporando en los próximos meses otros 20 actualmente en fase de elaboración correspondientes al Plan Anual de Fiscalizaciones de los ejercicios 2019 y 2020.

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