A partir del 1 de enero de 2019, los conductores astorganos tendrán que pagar más si quieren utilizar la AP-71, que sube a 5,13 euros. Lejos de bajar como ha sucedido con las autopistas rescatadas por el Estado, el uso de la AP-71 sigue incrementándose cada año, mientras el desvío obligatorio de tráfico pesado desde la N-120 a esta vía de doble carril continúa estancado, a la espera de una decisión del Gobierno central, una vez realizados todos los trámites por la Junta de Castilla y León.
Llenar el depósito también costará más en el nuevo año que empieza, unos tres euros más más a partir del 1 de enero. 2019 llega a Castilla y León con una subida de los precios de los carburantes, que además de los vaivenes del mercado, aplicarán un incremento de 4,8 céntimos por litro -5,8 con IVA-, fruto de la entrada en vigor de la modificación del Impuesto de Hidrocarburos, que recogen los Presupuestos Generales del Estado para 2018, elaborados por el Gobierno de Mariano Rajoy.
El Gobierno decidió derogar la figura del tipo autonómico del impuesto especial, que entró en vigor el 1 de enero de 2013, en sustitución del anterior tramo autonómico del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, más conocido como céntimo sanitario y declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por ello, una vez eliminada la tarifa autonómica, amplía la estatal hasta alanzar el máximo en todo el país.
En ese sentido, el tramo que manejaban las comunidades, y que Castilla y León mantenía a cero, se integra en el estatal, que pasará de 24 a 72 euros por 1.000 litros, como resultado de sumar, a los 24 euros estatales del tipo especial actual, los 48 euros -4,8 céntimos por litro- procedentes del tipo autonómico que se deroga.
Asimismo, se unifica el impuesto para todas las comunidades, aplicando los 48 euros autonómicos a todas las comunidades por igual, evitando la diferenciación geográfica. Por tanto, a partir del 1 de enero, el próximo impuesto especial sobre el repostaje subirá en 4,8 céntimos por litro en Castilla y León, País Vasco, Cantabria, La Rioja y Navarra. Además, lo hará en Madrid en 3,1 céntimos por litro; en Aragón, en 2,4 céntimos por litro; en Extremadura, un céntimo y en Asturias, 0,8 céntimos.
Por tanto, Castilla y León forma parte del grupo de comunidades donde el cambio en el impuesto será más negativo para los turismos y vehículos comerciales de menos de 3,5 toneladas, puesto que la Junta no lo aplicaba. Para los profesionales del transporte, la devolución máxima del gasóleo profesional se mantiene en los actuales 49 euros por cada 1.000 litros, con un tope de hasta 50.000 litros por vehículo pesado (hasta 2.450 euros por vehículo y año).
El sector agrícola queda finalmente exento de esta subida al seguir teniendo el tratamiento de gasóleo profesional, lo que va a impedir que se vea afectado por el incremento. Aunque desde las organizaciones agrarias reconocieron que al final afecta a todos, defendieron que el ámbito profesional tiene que tener un tratamiento diferente ante la imposibilidad que tienen los productores de repercutir el aumento de los costes en el precio de venta de los productos.
La DGT endurece las sanciones
La Dirección General de Tráfico (DGT) pretende poner en marcha en 2019 un paquete de medidas con el que pretende ‘revolucionar’ la movilidad en España para frenar la “violencia vial”, como define la siniestralidad el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y las iniciativas van desde penalizar más a quienes usen el móvil al volante y no lleven puesto el cinturón de seguridad hasta bajar el límite de velocidad 30 kilómetros por hora en la mayoría de las calles, obligar a ir ocho horas a la autoescuela para sacarse el carné y regular los patinetes para que vayan como mucho a 25, por la calzada.
El director general de Tráfico, Pere Navarro, pretende acometer estos pequeños cambios normativos en lugar de la reforma integral de la ley de seguridad vial y de los reglamentos de conductores, de circulación y de vehículos que preparaba su antecesor Gregorio Serrano, debido a la inestabilidad política de la actual legislatura.
Además, desde la DGT son conscientes de que los tiempos de la Administración son más lentos que el deseo de poner en marcha modificaciones legislativas que modifiquen el comportamiento de los conductores después de que las cifras de víctimas mortales hayan aumentado de 1.680 en 2013 a 1.830 en 2017.
La primera medida entrará en vigor el próximo 29 de enero y supone igualar a 90 kilómetros por hora el límite máximo de velocidad en todas las carreteras convencionales (es decir, de un carril por sentido y sin desdoblar) para coches, motos, autobuses, autocaravanas de masa máxima autorizada igual o inferior a 3.500 kilos, ‘pick-up’, vehículos derivados de turismo y vehículos mixtos adaptables, lo que afecta a cerca de 10.000 kilómetros.
Hasta que sean efectivos esos límites, las velocidades máximas varían en la actualidad: 100 km/h para automóviles y motocicletas, 90 kilómetros por horapara autobuses y furgonetas, y 80 km/h para camiones en las carreteras convencionales con al menos 1,5 metros de anchura de arcén o con más de un carril para alguno de los sentidos de circulación, y 90 kilómetros por hora para coches y motos, 80 kilómetros por hora para autobuses y furgonetas y 70 kilómetros por hora para camiones en el resto de las vías secundarias.
Esta medida supone cambiar el artículo 48 del Reglamento General de Circulación. Además, la DGT pretende modificar el artículo 50 de esa norma para que el límite de velocidad baje de 50 a 30 km/h en las calles de un único carril o de un carril por sentido, que son la mayoría de las que conforman las ciudades.
También ligado a las zonas urbanas, Tráfico trabaja en un cambio del Reglamento General de Vehículos para regular los patinetes y otros vehículos de movilidad personal, con la idea inicial de que no puedan circular por las aceras y vayan como mucho a 25 kilómetros por hora.
Por otro lado, la DGT ha elaborado un anteproyecto de ley por el que modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que necesariamente tendrá que ser aprobado en el Parlamento.
El texto, al que tuvo acceso Servimedia, incluye modificaciones puntuales del permiso por puntos. Así, conducir utilizando el teléfono móvil con la mano supondrá perder seis puntos (por los tres de ahora), con lo que esa conducta se equipararía a conducir borracho o drogado, negarse a hacer la prueba de alcohol o drogas, conducir de forma temeraria, ir a más del 50% del límite de velocidad o conducir con vehículos que lleven inhibidores de radar.
También se incrementará la detracción de puntos por no llevar puesto el cinturón de seguridad, el casco o el sistema de retención infantil, que pasarán de tres a cuatro puntos menos en el carné.
Ligado al real decreto del Reglamento General de Circulación, el anteproyecto de ley penaliza más a quienes pisen el acelerador más de la cuenta en carreteras convencionales con límite a 90 kilómetros por hora, puesto que ir en esas vías a 111 kilómetro por hora ya supondría dos puntos menos en el carné y 300 euros de multa (esas sanciones se aplican ahora a partir de 121).
Además, el anteproyecto de ley premia a los conductores que superen un curso de recuperación parcial de puntos (de los seis actuales a ocho) y a los que hagan un curso de conducción segura (dos puntos más en el carné), en tanto que se unifica el plazo para recuperar ocho puntos tras hacer un curso de recuperación parcial (ahora son dos dos o tres años en función de si se ha cometido alguna infracción grave o muy grave).
La propuesta normativa de la DGT incluye novedades para los conductores profesionales, de manera que habrá un sistema telemático para que las empresas de transporte sepan si sus conductores tienen puntos suficientes para manejar un autobús o un camión, y se desarrollará un sistema online que permitirá a las empresas de transporte.
Por otra parte, las personas que quieran obtener cualquier permiso de conducir estarán obligadas a recibir ocho horas presenciales de formación en la autoescuela, algo que la DGT quiere impulsar para evitar que los futuros conductores se saquen el carné haciendo test en casa o mediante cursos ‘online’. Ésta es una de las novedades que prepara Tráfico a través de un real decreto que modifica el Reglamento General de Conductores.
El borrador del real decreto, al que tuvo acceso Servimedia, plantea una revisión del actual sistema formativo, tanto en la formación del conductor como en los exámenes para obtener el carné de conducir. “La evidencia nos muestra que en la accidentalidad intervienen más las actitudes que el propio desconocimiento de las normas”, recalca el texto.
Por ello, la DGT apuesta por una formación teórica presencial obligatoria de ocho horas para examinarse de la prueba teórica común, en las que habrá testimonios de víctimas de accidentes de tráfico, bien de forma presencial o por medios audiovisuales.
Las materias obligadas versarían sobre los accidentes de tráfico, los grupos de riesgo al volante (en especial, los jóvenes), los colectivos vulnerables (peatones, ciclistas y motoristas), los factores de riesgo (velocidad, alcohol, drogas y fármacos), las distracciones al volante (como el uso del móvil), la utilización de elementos de seguridad (casco, cinturón y sillita infantil) y el respeto a las normas de circulación.
Además, para realizar el examen teórico específico (obligatorio para todos los permisos salvo el A, que faculta a conducir cualquier moto o triciclo, y el B, necesario para conducir coches) también se necesitan horas presenciales, concretamente seis para los permisos AM, A1 y A2 (ciclomotores y motos de distinta cilindrada) y dos en el resto de permisos. Los futuros conductores recibirían formación sobre los factores de riesgo asociados a cada tipo de vehículo.
Habrá excepciones para la formación presencial obligatoria: quienes soliciten el permiso de la clase C y tengan el C1, quieran el de la clase D y tengan el D1, y necesiten el de la clase C1+E, C+E, D1+E o D+E y tengan alguno de esta relaión.
El real decreto recoge por primera vez que las pregunas del examen teórico, tanto común como específico, podrán estar precedidas por la visualización de vídeos sobre situaciones del tráfico antes de que el aspirante conteste. Tráfico rebajará del 20 al 10% la cantidad de errores en las preguntas para otorgar la calificación de apto en el examen teórico.
Por otro lado, la modificación del Reglamento General de Conductores incorporará al ordenamiento jurídico español una directiva de la UE para rebajar de 21 a 18 años la edad mínima para obtener los permisos de las clases C, C+E, D1, D1+E, D y D+E tras recibir la formación correspondiente al Certificado de Aptitud Profesional (CAP).
Con ello, la DGT atiende la petición del sector de la logística y el transporte para cubrir puestos de trabajo de conductores profesionales que se pongan al volante de un camión o de un autobús.
Además, Tráfico permitirá que con el permiso B se puedan conducir vehículos ecológicos de hasta 4.250 kilos de masa máxima autorizada, siempre que el conductor posea una antigüedad mínima de dos años con ese carné.
