El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, ha ofrecido este jueves una rueda de prensa para expresar su “firme voluntad” de resolver el grave problema de las denuncias en los casos de abusos sexuales a menores. Asimismo comunicó su intención de abrir investigaciones en el colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria y en el Seminario Menor de La Bañeza para llegar al fondo del asunto.

“Cualquier otra denuncia que se reciba se investigará con celeridad y prontitud, respetando los derechos de todos los implicados y con voluntad de restituir cuanto antes la justicia lesionada por el presunto delito”, aseguró durante la comparecencia. “En todo momento se informará también a las presuntas víctimas de su derecho de presentar denuncia ante las autoridades civiles”, expresó monseñor Menéndez.

Ante todo, ha lamentado “profundamente” estos hechos “tan deplorables, moralmente inaceptables e intolerables”, y ha manifestado que “no sólo repercuten de manera negativa en la imagen de la Iglesia, sino que, sobre todo, causan un gravísimo daño en el desarrollo humano y cristiano de las víctimas”. Pide perdón en nombre de la comunidad diocesana por el daño causado y expresó su apoyo y cercanía “a cuantos son víctimas de los abusos sexuales”.

Caso contra el reverendo Ramos Gordón

El obispo refirió a la pena impuesta a José Manuel Ramos Gordón, exdelegado de Patrimonio del Obispado de Astorga y párroco de Tábara (Zámora), que la Congregación para la Doctrina de la Fe había confirmado la decisión de declararlo culpable del delito de tocamientos a menores con fin libidinoso en el Seminario Menor de La Bañeza, imponiéndose una “pena justa y proporcionada a la gravedad de los hechos”.

Ramos Gordón ha sido privado de todo cargo pastoral, al menos por un año, momento en el que se abrirá una investigación para determinar el camino a seguir. “Después de ver el proceso y hablar con los testigos está residiendo en una casa de atención a los sacerdotes mayores, ejercicios espirituales y encomendarle hacer algunas obras espirituales. El sacerdote me pidió la jubilación pastoral y se la he aceptado”, aseguró. La Iglesia ha levantado la prescripción del delito, pues al haber sucedido hace 28 años ha prescrito tanto por el Código Canónico como por el Código Civil.

“En el proceso no consta que haya pedido resarcimiento económico, la pena impuesta tampoco lo contempla y no se puede hacer extrajudicialmente”, explicó Menénde. Sobre las acusaciones de permitir que se celebrase en Tábara un homenaje a José Manuel Ramos, el obispo ha declarado que en ningún momento concedió el permiso para que se celebrase dicho acto conmemorativo y que “desconocía” que se fueran a realizar.

Nuevo caso de abusos sexuales en la diócesis

El obispo también habló sobre el caso denunciado este miércoles por un exseminarista de La Bañeza contra Ángel Sánchez Cau, y que todavía no ha comenzado la investigación preliminar, pero que seguirá todos los pasos necesarios para esclarecer el caso.

Acerca de la concentración convocada por exseminaristas para este sábado a las 12,00 horas en Astorga, el obispo ha pronunciado que él no estará presente debido a un compromiso previo que había adquirido en Ponferrada, pero que no obstante, ha solicitado que un comité representativo se reúna con él el próximo 28 de febrero, petición que han rechazado los implicados. “Ya he recibido a dos exalumnos del Colegio Diocesano Juan XXIII de Puebla de Sanabria y estoy dispuesto a recibir a los alumnos del Seminario de La Bañeza y he dispuesto que la comunidad diocesana exprese su solidaridad con aquellos que viven con indignación tales hechos. Aunque sean delitos que hayan prescrito civil y canónicamente, dichas denuncias son un acicate para tutelar mejor a nuestros menores y para garantizar a todos que las instituciones eclesiales de Astorga son un lugar seguro para la infancia y la juventud”, comunicó Menéndez.

Juan Antonio Menéndez ha asegurado que no se rendirá con este tema y que implementará nuevos protocolos de actuación con menores “y de prevención dirigidos a todos los agentes de pastoral diocesanos”. De igual manera ha expresado que colaborará con las autoridades civiles, aplicando “con severidad y rigor” la normativa canónica para estos delitos “considerados como uno de los más graves del Código de Derecho Canónico”.