La crisis de los estibadores españoles es una excusa más que deja a intervinientes y opinadores con los fondillos al aire: en su mayor parte no tienen ni idea o no se molestan en informarse adecuadamente sobre la cuestión y, sobre todo, de su historia, siendo esta muy reciente, tanto que el problema hoy no es franquista, como he oído decir machaconamente, sino de los años ochenta y del 2010, hitos creadores de la situación actual y ambos, ¡qué casualidad!, con gobiernos socialistas, si bien también Aznar aportó lo suyo en 2003.

La OTP (Organización de Trabajos Portuarios) fue creada en 1968 como organismo autónomo del Ministerio de Trabajo y suprimida por el “Real decreto-ley 2/1986, de 23 de mayo, sobre el servicio público de estiba y desestiba de buques”, que en su disposición transitoria primera dice:

 

Queda suprimido el Organismo Autónomo Organización de Trabajos Portuarios, el cual, en el plazo máximo de doce meses, procederá a liquidar su Activo y su Pasivo, determinando el patrimonio neto resultante, el cual será aportado por el Estado a las correspondientes Sociedades Estatales, extinguiéndose la personalidad jurídica de la Organización de Trabajos Portuarios una vez se constituyan dichas Sociedades Estatales.

 

He de resaltar que ya desde 1983 el señor Guerra –don Alfonso– enfiló al franquista rector de la OTP Javier Angoloti quien, refugiado en su sede madrileña de la “Casa Negra” junto a los Nuevos Ministerios, se resistía a ser barrido por los vientos del cambio instalados en España unos meses antes, aguantando hasta 1986.

Curiosamente desde esa misma “Casa Negra” el señor Guerra –don Alfonso– repartiría poco después y dadivosamente algo así como veinte mil millones de pesetas en ayudas –de las que ahora no recuerdo el concepto–, con el criterio sobrevenido, por mor del cambio, de la dirección y apunte del dedo índice de la mano derecha o de la izquierda, que tanto da.

El gobierno de Aznar también toqueteó el invento con la Ley 48/2003, siendo Rodríguez Zapatero quien regula definitivamente la cuestión con su “Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general”.

 

Como este no es lugar para entrar en el detalle del asunto de los estibadores, aburrida cuestión por demás y aireada de forma suficiente, eso sí, a su manera, por los medios de comunicación, lo que yo puedo aportar además de mi experiencia personal acerca de los estibadores –que en esta ocasión me la guardo aun siendo bastante más que interesante, lo cual no excluye que más adelante vuelva sobre este tema en plan “abuelo cebolleta” para disfrute de alguno de mis lectores–, es la sensación que me producen los partidos políticos frente a la votación de la ley Rajoy que intentaba cumplir con los requerimientos de la Unión Europea.

Digo intentaba porque hace escasos minutos ha sido tumbada en el Congreso para satisfacción de algunos –también de los estibadores, cosa difícil de entender– con la colaboración inestimable de socialistas y ciudadanos naranjas.

Incomprensible actitud de los socialistas, a los que remito a su Ley 33/2010 citada con anterioridad, perseguidora sin éxito de los mismos objetivos y que sin embargo hoy no tienen en cuenta poniendo, como es su costumbre, sus intereses partidistas por encima del interés general.

Y lamentable la actitud de Ciudadanos que, en su errante búsqueda de identidad, hoy hacen un caldo gordo y ajeno a sus intereses que terminará por hacerlos desaparecer del panorama político nacional.

 

 

Juan Manuel Martínez Valdueza

16 de marzo de 2017